miércoles, 15 de julio de 2009

El TSJCV no investigará a los presuntos cabecillas de Gürtel

VALENCIA.- El juez instructor del caso Gürtel en su vertiente valenciana desestimó el miércoles un recurso de la Fiscalía que solicitaba la citación como imputados de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción Francisco Correa, Álvaro Pérez, conocido como "El bigotes", y Pablo Crespo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

"El instructor entiende que no es posible realizar ninguna actividad investigadora respecto de una parte de las conductas de las tres personas citadas (el pago de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia) cuando todas las acciones llevadas a cabo supuestamente por ellos forman parte en su conjunto del objeto más amplio de otro proceso que se tramita en otro órgano judicial", dijo el comunicado.

El magistrado Francisco Flors sostuvo que para atender la petición del Ministerio Fiscal sería necesario pedir y obtener la inhibición del TSJ de Madrid a favor de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Valencia, y después que esta sala aceptase la competencia.

La Fiscalía había solicitado el 9 de julio al juez Flors que ampliara su auto dictado tres días antes y citara como imputados a los tres supuestos líderes de la trama por entender que "quienes entregan y reciben dádiva", deben ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento.

El caso Gürtel tiene otras dos vertientes. Una en el Tribunal Supremo, donde se investiga la parte que afecta a dos aforados del PP a nivel nacional, que son el senador y tesorero del partido Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, y otra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Álvaro Pérez, "El bigotes", es el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events, una empresa dirigida por Correa, encarcelado como presunto cerebro de una red de corrupción que supuestamente pagaba a cargos públicos para obtener favores empresariales.

Por otro lado, en una audiencia celebrada la mañana del miércoles, el Ministerio Fiscal y la acusación popular concretaron los hechos imputables y solicitaron que se practiquen nuevas diligencias contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa; el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y Rafael Betoret, quien fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es el actual jefe de protocolo de la Diputación Valenciana.

En tanto, los abogados de los cuatro imputados solicitaron la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el recurso que han presentado contra el auto emitido por el juez instructor el pasado 6 de julio.

El juez instructor dictará una resolución en los próximos días.

El martes, el presidente de la Generalitat Valenciana apuró hasta el último momento el plazo para presentar su recurso contra el auto judicial que sostiene que pudo cometer un presunto delito de cohecho, después de que el magistrado Flors acordara la semana pasada continuar con el proceso.

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró que no había lugar al sobreseimiento libre y al archivo de la causa contra Camps, Costa y Betoret, que ya declararon en mayo en calidad de imputados.

Camps eludió el martes varias preguntas sobre este asunto y sobre si tenía intención de dimitir dijo: "Hasta el 2011 como no hay elecciones autonómicas, espero estar como presidente de la Generalitat".

Una vez realizadas las comparecencias, el juez instructor podría abrir un juicio oral con un jurado popular contra Camps, Costa, Campos y Betoret, quien fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es el actual jefe de protocolo de la Diputación Valenciana.

Costa, Campos y Betoret también presentaron el martes sus recursos de apelación contra su imputación en el caso.

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que comenzó a instruir la causa antes de remitírsela al tribunal valenciano, sostuvo en sus investigaciones que el PP de la Comunidad Valenciana recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Correa.

Según Garzón, Camps y Costa habrían recibido pagos en especie por parte de Correa, como trajes de tiendas de lujo.

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