Barbera se pronunció así durante la rueda de prensa que ofreció junto a la portavoz del Consell y titular de Justicia, Paula Sánchez de León, quien ratificó que la Generalitat tampoco ha recibido "absolutamente ninguna" comunicación de la decisión adoptada por el Ministerio, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009, que conocieron a través de "una nota de prensa".
"Si llegáramos a ver la notificación --agregó Barberá--, veremos los términos de la misma, pero de momento, los vecinos no tienen nada de qué preocuparse porque vamos a continuar".
"Sigo adelante y estoy segura de que llegaremos a la ejecución del plan", insistió la primera edil.
No obstante, anunció que "si existe acto administrativo", presentarán un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional con la petición de suspensión de la orden del Ministerio, por considerar que "vulnera el principio de la seguridad jurídica" y "también vulnera el principio de la cosa de juzgada" puesto que "ha ignorado intencionadamente las nueve sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y otras tres del Tribunal Supremo en las que se declara la inexistencia de expolio, que son constitutivas de jurisprudencia".
"Son doce sentencias firmes y con carácter definitivo, todas ellas favorables al plan", recalcó.
Además, comentó que Ayuntamiento y Generalitat podrían plantear ante el Tribunal Supremo "un incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Madrid de 2004, ratificada por el Tribunal Supremo, entendiendo que el Ministerio no ha ejecutado la sentencia correctamente" porque "en ella no se recoge ni la más mínima alusión a la legalidad del PEPRI en sí, ni a ninguna situación de expolio".
"La sentencia sólo le exige que proceda a motivar la resolución, y han hecho todo lo contrario" y "ha dictado una resolución distinta, vulnerando los términos de la sentencia", censuró Barberá.
En tercer lugar, indicó que las administraciones autonómica y local estudiarán plantear ante el Tribunal Supremo que "hay un clarísimo conflicto de competencias" con el Ejecutivo estatal, dado que "el artículo 49.1.5 del estatuto de la Comunitat Valenciana dice que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma la protección del patrimonio histórico".
Por su parte, la portavoz del Consell anunció que "si llegara el caso" y "si con las vías legales anunciadas no fuera suficiente, les garantizo --dijo-- que procederemos a modificar la normativa de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del barrio de El Cabanyal aprobada por la Generalitat para hacer posible en todo caso la ejecución y la terminación de este plan, que con tanto esfuerzo, trabajo, ilusión y con tanto beneficio para los ciudadanos están trabajando el Ayuntamiento y la Generalitat desde hace muchos años".
"Cuando se nos comunique la decisión adoptada por la ministra y hayamos ejecutado todas las acciones de las que hemos hablado, si el Ministerio no cejara en esta acción y pudiéramos continuar, basándose en el expolio, modificaríamos aquella normativa que pudiera poner en duda la protección de Bien de Interés Cultural que hemos hecho de los bienes de El Cabanyal para poder seguir actuando", agregó.
"Estamos convencidos --dijo-- de que hemos actuado siempre de acuerdo con la legislación vigente y con la legislación que protege los bienes de interés cultural y patrimonial, y si cabe alguna duda respecto a ella y requiere alguna actuación más contundente, llegaríamos a hacerlo", sentenció.
Preguntada por si esa modificación significaría desproteger los BIC para que pudieran estar dentro del PEPRI, aseguró no poder "dar más detalles porque lo tienen que ver los servicios jurídicos".
"A mí me han apuntado esa posibilidad, que está ahí y es posible porque hay cosas que se pueden ajustar. Dentro de la legalidad vigente, cuando ésta se cuestiona, se puede revisar la redacción de la normativa para poder ser muchísimo más precisos a la hora de su ejecución", explicó.
"No puedo avanzar más en detalle de por dónde ir", pero "estamos dispuestos a realizar todas las acciones necesarias para salvar la continuidad del proyecto", subrayó la portavoz del Consell, quien hizo hincapié en que la sentencia del Supremo del 25 de mayo "solamente afecta a cuestiones formales y en ningún caso de fondo" y "bajo ningún concepto permite que se cambie el sentido" de las "doce sentencias anteriores que decidían la legalidad de este plan".
Es más, Barberá agregó que pedirá a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que "estudien los daños y perjuicios que pueden estar causando a los ciudadanos en su patrimonio, en su beneficios o en sus expectativas".
"Habrá que pedir daños y perjuicios a este director general --responsable de la resolución-- y probablemente a la ministra, y habrá que pedir responsabilidades a este director general, desde luego a su ministra y al presidente de ésta", dijo.
La alcaldesa acusó al Gobierno central de "mantener una actitud absolutamente intervencionista y prohibicionista" y adoptar "una resolución política, frente a una docena de sentencias firmes favorables al PEPRI".
Planteó asimismo si "de verdad alguien creía que la actuación del Gobierno en este asunto iba a ser sensata, equilibrada y de acuerdo al Estado de Derecho", a lo que añadió que "¿cómo es posible que un director general se permita ir contra doce sentencias?".
"Cada vez que gobierna el PSOE, se corrompe más el Estado de Derecho", concluyó.
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