La Brigada de Blanqueo de Capitales que investiga el caso Gürtel en toda sus vertientes emitió el pasado 10 de enero un informe, que obra en la causa sobre la que hoy ha levantado el secreto de sumario el juez Antonio Pedreira, donde identifica a una de las empresas que supuestamente financió ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana, según 'El País'.
Lo hace tomando en consideración una conversación grabada a dirigentes del PP con jefes de la trama corrupta en el que se refieren al supuesto pago de actos de la formación que preside Francisco Camps: "Está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra". La policía interpreta que están aludiendo a alguno de los empresarios que "financiaban a través de facturación falsa al PP de la Comunidad Valenciana".
Y concluyen: "De la misma se desprende una identificación entre el apelativo el de las galletas como uno de los financiadores de los actos, y en concreto con Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras".
La policía advierte en el análisis de la información intervenida en los distintos registros, en relación con la financiación ilegal del PP valenciano, se "encuentra en curso y por tanto las informaciones aportadas en el informe no se agotan en los documentos expuestos sino que puede ser completadas con nuevos datos derivados del examen del conjunto de documentos existentes, los cuales serán puestos de manifiesto a sus órganos judiciales".
El juez Antonio Pedreira ha dedicado un tomo del sumario, el número 60, a desgranar todas las pruebas halladas por la investigación judicial en relación a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, que pagó, según los documentos que aparecen en el sumario, hasta 6,3 millones de euros por actos electorales en dinero B, opaco al fisco.
También figuran las facturas de Orange Market, la empresa de la trama corrupta que hacía los actos del PP, que acreditarían una financiación ilegal de la actividad de la formación política que preside Francisco Camps, a través de cinco empresas contratistas de la Generalitat Valenciana: Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos, FACSA y PIAF.
El Gobierno de Francisco Camps respondió el pasado 12 de junio a un requerimiento del juez que había contratado con siete empresas de la trama corrupta además de con Orange Market , la firma que dirigía Álvaro Pérez, y que facturó casi siete millones de euros en la Comunidad Valenciana pese a que carecía de experiencia pues se creó específicamente para hacer negocio en ese territorio.
Las empresas de la trama corrupta que también recibieron contratos del Gobierno de Francisco Camps, por un monto superior a los 305.000 euros, son Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen.
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