martes, 6 de julio de 2010

Cierval exige a las administraciones públicas que reduzcan su morosidad y adopten políticas austeras

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, ha reivindicado este martes que las administraciones públicas deben "reducir al máximo la morosidad" porque "en muchos casos, utilizan a las empresas como instrumentos de financiación, abocándolas a la asfixia". Además, les ha reclamado que adopten "políticas de austeridad" y "medidas eficaces" para afrontar la crisis.

Durante su intervención en la asamblea general ordinaria de la patronal autonómica, ha criticado que la morosidad de las administraciones "se ha triplicado en un año" y ha defendido que "además de pagar cuanto antes sus deudas, las administraciones deben ser austeras, reducir la burocracia, los gastos corrientes y el déficit, reasignando inversiones y manteniendo, o incluso manteniendo, aquellas que son capaces de repercutir en la economía productiva a través de la creación de riqueza".

Ferrando ha destacado que "para mejorar la confianza internacional en el euro e invertir el proceso de debilitamiento que vive en la actualidad, es preciso aplicar políticas de austeridad y reducir los gastos de las administraciones, sin menoscabar por ello las inversiones productivas y priorizando los pagos de las deudas a las empresas".

Además, ha reclamado "medidas eficaces" ante las "consecuencias devastadoras" de la crisis para el tejido empresarial, como el cierre de 4.244 empresas de la Comunitat desde 2008, fundamentalmente por la falta de financiación; la subida de la tasa de desempleo por encima del 23 por ciento, tres puntos más que la media nacional; y los 1.024 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) autorizados este año.

"Los empresarios ya no podemos, no debemos, ni tampoco queremos esperar más. Hemos hecho propuestas concretas y queremos medidas efectivas", ha sentenciado Ferrando, quien ha denunciado que la "ausencia de crédito" está "ahogando" a las empresas, en un momento en el que "el panorama político-económico no es alentador" y en el que "mientras esperamos a que el Gobierno aporte soluciones eficaces y consensuadas, nuestras empresas van cerrando y nuestro tejido productivo se está destruyendo y con él, los puestos de trabajo".

El presidente de Cierval ha indicado que la actual "etapa de austeridad, que previsiblemente será prolongada, es necesario el mantenimiento adecuado de los servicios públicos y de las infraestructuras", como el Corredor Mediterráneo, el AVE a las tres provincias, las zonas logísticas y los accesos y ampliación de puertos y aeropuertos, y ha remarcado que el sector privado "debe involucrarse" en ese proceso y colaborar con las administraciones.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "una mayor participación de agentes privados en la producción y no sólo en la gestión de servicios públicos, redundará en importantes ahorros en costes para las administraciones, así como en una mejora de la calidad de los servicios".

Se ha referido asimismo a las "medidas drásticas" adoptadas para reducir el déficit público, como la subida del IVA que entró en vigor el 1 de julio y que, en opinión de Cierval, "tiene efectos limitados e incluso, en ocasiones, contraproducentes sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo". "La fiscalidad debe facilitar las estrategias empresariales y nunca ser un obstáculo para implantarlas", ha dicho.

Ha remarcado también que, pese al incremento de las exportaciones, "España necesita fortalecer su marca y primar las inversiones que favorezcan las exportaciones para facilitar la internacionalización de la empresa y aprovechar ese espíritu comercial y exportador", para lo que ha reclamado que se potencien los Institutos Español y Valenciano de Comercio Exterior --ICEX e IVEX, respectivamente--, "no sólo con más presupuesto, sino también mejorando su eficacia".

Ferrando también ha incidido en la necesidad de "alcanzar un pacto estable entre las principales fuerzas políticas del país con la participación de empresarios y trabajadores", de actuar con "sentido común" y de "establecer acuerdos que definan la estrategia de nuestro modelo productivo y posibiliten un cambio de rumbo de nuestra economía y la pervivencia y crecimiento de nuestras empresas".

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