sábado, 22 de enero de 2011

Las corruptelas en el PSPV destapan las contradicciones de Alarte / David Lozano

El sabio refranero español tiene situaciones para todos los gustos y colores. En este caso, al líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se le podría aplicar a la perfección aquel de "dime de qué presumes y te diré de qué careces", porque mientras afirma que no contará con quienes estén implicados en casos de corrupción la realidad es que la dirección del grupo parlamentario (representado en Ángel Luna) y sus principales barones (como Alejandro Soler, en Elche) están siendo investigados por presuntos graves delitos. 

Alarte, con sus declaraciones, pone en jaque incluso al vicepresidente, Manuel Chaves cuya causa por prevaricación (por la ayuda de 10 millones de euros que el Consejo de Gobierno concedió a la empresa que apoderaba su hija) está en manos del TSJA, pero él aplica un doble rasero.

Hacemos un rápido recorrido por las presuntas corruptelas del PSPV y a cuyos responsables respalda el secretario general de los socialistas valencianos. Además de los célebres casos de Luna, la reforma de su casa o la revelación de secretos por el que permanece imputado, hay otros asuntos menos conocidos pero que mantienen enfangado al socialismo valenciano. 

Así, el alcalde de Elche, Alejandro Soler, ha sido investigado por pagar con dinero municipal publicidad de partido. El Tribunal Supremo no sólo ha revocado el sobreseimiento acordado por la Audiencia Provincial de Alicante en el caso de las facturas, sino que insta a unir todos los pagos de publicidad del PSOE asumidos por el Ayuntamiento. La unión de todas las facturas eleva el importe de la presunta malversación de fondos a más de 23.000 euros.

La lista es larga, la ex alcadesa de Denia, Paqui Viciano, se enfrenta a tres causas judiciales relacionadas con su gestión urbanística y por un delito de malversación de caudales públicos. 

En Castellón, la Fiscalía Provincial ha propuesto la presentación de la denuncia contra el ex alcalde de la Vall d´Uixó, Josep Tur y otros cargos del Ayuntamiento por considerar que existen indicios de delito en la presunta colocación de una cámara oculta en la primera planta del consistorio. 

En Valencia, el ex alcalde de Vall de Laguar, Juan José Puchol se enfrenta a ocho años de prisión y 10 de inhabilitación por los delitos contra la ordenación de territorio, falsedad y contra los derechos individuales. El ex regidor está acusado de eliminar del planeamiento un vial que pasaba por su finca.

Volviendo a Alicante, Vicente Llinares y José Olcina, alcalde y concejal de urbanismo de Orxeta, están siendo investigados por corrupción en la recalificación de un terreno rústico. El alcalde de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos García, está imputado por presuntas irregularidades urbanísticas. 

En Valencia, El alcalde de Paiporta, Bertomeu Bas, y otros ex ediles del PSPV, han sido denunciados por delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. El alcalde de Burjassot, José Luis Andrés, está siendo investigado por prevaricación, falsedad, delito societario, delito de insolvencia punible y delito tributario. 

Y en Castellón, un juzgado de Nules ha admitido una querella contra el alcalde de Onda, Enrique Navarro, y el edil de Urbanismo, Juan Miguel Salvador, por un supuesto delito de prevaricación en una zona verde.

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