MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido que se espere al resultado judicial sobre el expresidente valenciano Francisco Camps o el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, pero ha añadido que el partido aplicará sobre sus miembros los nuevos estatutos que está preparando y que incluyen medidas para "garantizar la transparencia en la gestión pública".
Así ha respondido la dirigente política en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP este lunes. El partido discutirá en su Congreso de febrero en Sevilla una reforma estatutaria en la que se plantea obligar a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca.
Cospedal ha asegurado que la ponencia en la que se hacen estos planteamientos es "muy ambiciosa" e incluye "vías para garantizar la transparencia en la gestión pública" y en la interna del PP, aunque ha recordado que está abierta a enmiendas.
Preguntada si esas novedades afectarán a personalidades como Camps o Fabra, la secretaria general ha respondido que el partido aplicará lo que apruebe en su congreso de Sevilla, pero ha pedido esperar la acción de la justicia, "que funcione de manera imparcial, rápida y equitativa".
"A mí también me gustaría que otros expresidentes de Comunidades Autónomas que quizá no están en banquillos pero han tenido actuaciones mucho peores que otros que sí están en banquillos, se hubieran aplicado la misma medicina", ha agregado.
La citada ponencia incluye medidas como la expulsión junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes. Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.
En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico".
"La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.
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