VALENCIA.- La Generalitat Valenciana quiere asentar definitivamente una normativa y una tramitación que garantice la seguridad jurídica y para ello presentó esta semana el proyecto de Reforma Legislativa en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
La mejor idea del puzzle legal en que se había convertido la tramitación de actuaciones urbanísticas en la región es que existían cinco leyes, un decreto ley y dos reglamentos. Una situación que la propia consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, definió como “hipertrofia de legislación” que dificultaba la tramitación de proyectos y que se pusiese en tela de juicio muchos de los planes aprobados.
Bonig aseguró que los objetivos de esta reforma son “dar seguridad jurídica” y conseguir “una norma única que contenga un régimen jurídico más sencillo, claro y eficaz” que agilice los procesos.
La nueva reforma fusionará la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley Urbanística Valenciana, la Ley del Suelo No Urbanizable, la Ley del Golf y el decreto ley de Actuaciones Territoriales Estratégicas, además de derogar dos reglamentos en vigor.
Bonig aseguró que la principal novedad será unificar desde el principio las tramitaciones urbanísticas y medioambientales, que hasta ahora seguían dos caminos distintos. De esta forma, muchos proyectos muy avanzados en su tramitación, en los que ya se habían realizado importantes inversiones, se encontraban entonces con problemas medioambientales. Según la consellera, de acuerdo con la nueva normativa europea, la evaluación integran ambiental se incluirá desde el principio “para eliminar incertidumbres”.
Además, se aclara las competencias de la Generalitat y los ayuntamientos. En la primera fase de las tramitaciones será el Gobierno autonómico el que revise las características estructurales del proyecto, incluyendo un pronunciamiento claro sobre la memoria ambiental. La segunda fase, más pormenorizada y con todos los detalles finales, correrá a cargo de los municipios.
La consellera afirmó que el nuevo marco legal también pretende contribuir a la reactivación económica no sólo recortando los plazos de tramitación. Así, contemplará la posibilidad de desarrollar planes para la rehabilitación de zonas ya urbanizadas, con lo que busca que la iniciativa privada fomente proyectos de reformas en zonas urbanas antiguas o deterioradas.
Asimismo, se contempla incluir la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar planes urbanísticos de calado sin tener que modificar para ello el Plan General Urbanístico cada poco tiempo. Una tramitación costosa tanto económicamente como en tiempo los las exigencias que requiere.
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