VALENCIA.- El juez Vicente Ríos, que investiga el agujero de 25 millones de euros en la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo,
ha acordado declarar el secreto parcial de unas diligencias durante un
mes, tras recibir un escrito del ministerio fiscal que le ha solicitado
la práctica de unas actuaciones de investigación penal "indispensables"
para esclarecer unos hechos presuntamente constitutivos de delito
atribuibles a una persona que ya está imputada en la causa y a otras que
no lo están.
El fiscal complementa su escrito con un informe emitido por un
organismo oficial. Así consta en un auto del magistrado, de fecha 22 de
octubre, donde expone que una vez examinada la petición y el documento,
se constata que los hechos a los que se refieren "pidieran ser, en su
caso, constitutivos de delito público que, por lo demás y por las
personas a quienes se atribuye su autoría, guardaría relación de
conexidad delictiva" con los delitos objeto de las diligencias que
instruye.
El magistrado cita el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que establece que si el delito es público, el juez podrá, a
propuesta del fiscal, de cualquier parte personada o de oficio, declarar
el secreto total o parcial para todas las partes personadas. En este
caso, el instructor ha accedido a la petición dado el carácter de los
hechos expuestos, la naturaleza de las actuaciones pedidas y la
necesidad de no darles publicidad, ya que su conocimiento por las partes
podría frustar el resultado y los fines de la investigación.
El secreto se ciñe sobre el escrito fiscal, las diligencias que se
deriven de él y que se integrarán en una pieza separada, dentro de la
que se deberán llevar a cabo por los funcionarios a los que se encargue
la realización.
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