VALENCIA.- El portavoz adjunto de Esquerra Unida (EUPV)
en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha asegurado que el arquitecto
Santiago Calatrava "tiene razón en una cosa: todos sus proyectos fueron
aprobados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA)
y por eso la principal responsabilidad del derroche de dinero público
es del PP".
Blanco ha realizado estas declaraciones después de que el estudio
de Santiago Calatrava haya hecho público un comunicado en el que señala,
respecto al coste de CACSA, que "en todas las obras encargadas ha
facturado cantidades que están por debajo de los porcentajes medios para
proyectos similares en otros países" y, además, considerando que
facturaba como arquitecto y como ingeniero, "los importes son incluso
modestos".
Al respecto, EUPV --que hizo públicos los contratos de Calatrava
con CACSA así como la suma de todos los importes cobrados por el
arquitecto de esta empresa pública-- considera que "más de 1.100
millones de euros en el diseño y construcción de un complejo que resulta
incluso deficitario en su mantenimiento son un auténtico despropósito".
"A Calatrava podemos reprocharle los modificados que generaron
sobrecostes desorbitados, pero la responsabilidad es principalmente
política y recae en los gobiernos del PP que sufragaron con dinero
público un delirio megalómano", admite Blanco.
El parlamentario opina que el comunicado de Calatrava incluye
"afirmaciones propias de alguien que vive fuera de la realidad, porque
casi 100 millones de euros es un auténtico pastón que se ha llevado de
los valencianos".
En la misma línea, el representante de EUPV recuerda que, "contra
toda lógica, en los contratos, CACSA asumía el coste de la reprografía,
las maquetas, los planos, los desplazamientos o las dietas de
Calatrava".
"No querrá que encima le hubieran pagado también las nóminas
de los arquitectos de su estudio y llevarse los 97 millones limpios a
sus cuentas en Suiza", ironiza Blanco en referencia a las
justificaciones ofrecidas por el arquitecto.
"Calatrava ha explicado el desarrollo del complejo de la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias, al que se fueron añadiendo edificios
construidos como el puente o el Ágora y otros como las torres que nunca
se han llevado a cabo y por los que ha cobrado más de 15 millones de
euros, pero lo que el arquitecto obvia es que en buena medida estas
decisiones fueron tomadas a propuesta suya y que con la llegada del PP
incluso se modificaron contratos en vigor para mejorar sus honorarios",
señala Blanco.
El diputado de EUPV se manifiesta absolutamente seguro de haber
cumplido con su "obligación política de dar a conocer a toda la
ciudadanía valenciana una información cierta, documentada y de gran
relevancia social, acabando con casi dos décadas de opacidad en CACSA".
Blanco añade que Calatrava "tiene que asumir que sus proyectos
están sujetos a la crítica pública cuando se sufragan con fondos
públicos, y más aún si generan unos sobrecostes que a veces triplican
el presupuesto inicial".
"Además, en su caso, y a pesar de reconocer que el 95% del trabajo
ha sido realizado por empresas y personas españolas, su residencia en
Suiza ha sido utilizada para eludir la aplicación de las leyes fiscales
españolas, en un comportamiento que aunque pueda ser legal resulta muy
poco ético, y que la Generalitat no debería haber consentido nunca",
afirma el diputado de EUPV, que recuerda que la empresa encargada del
proyecto arquitectónico de L'Oceanográfic -único edificio de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias que no es obra de Calatrava- sí que facturó
con IVA desde España a pesar de tener su sede en Londres.
"Calatrava ha hecho valer su valencianía para recibir distinciones
y contratos pero no para pagar impuestos como cualquier hijo de
vecino", opina el diputado.
No obstante, el portavoz adjunto de EUPV considera que el
arquitecto tiene "razón en una cosa: todos sus proyectos, y los
modificados que aprobaron los sobrecostes, recibieron el visto bueno de
CACSA, y por eso la principal responsabilidad del derroche de dinero
público es del Partido Popular".
"Nosotros no cuestionamos la faceta artística del trabajo de
Calatrava sino su coste para los contribuyentes, y por tanto no vamos
contra él sino contra los políticos que firmaron unos contratos lesivos
para los intereses generales y alentaron un delirio megalómano que nos
ha costado a los valencianos más de 1.100 millones de euros", concluye.
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