VALENCIA.- La operación contra el fraude de la Seguridad
Social desarrollada en Valencia se ha saldado con 34 detenciones, que
no guardaban relación entre sí, y la cantidad defraudada asciende a
1.283.022 euros. El fraude se cometía a través de la contratación de
trabajadores por empresas ficticias, previo pago de los supuestos
empleados de entre 100 y 400 euros a sus contratantes, con el objetivo
de obtener prestaciones.
El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría, y el
comisario jefe de Valencia, Miguel González Defez, han ofrecido este
jueves una rueda de prensa para explicar los detalles de esta operación,
denominada Turia, que sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas
detenciones una vez analizada la información incautada.
El comisario jefe de Valencia, Miguel González Defez, ha explicado
que la operación se inició el mes de diciembre de 2012 por parte de la
Brigada de Extranjería tras la detención de 15 personas por falsedad
documental para la obtención de la nacionalidad.
En estas contrataciones se detectó una serie de irregularidades en
las contrataciones ya que las empresas eran ficticias, por lo que se
puso en conocimiento del Servicio de Prevención de Delitos Económicos de
la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Los agentes averiguaron que los responsables de las mercantiles,
principalmente del sector de la Construcción y también algunas empleadas
de hogar, contrataban, a cambio de entre 100 y 400 euros, a personas
interesadas en obtener prestaciones por desempleo, por incapacidad
temporal o maternidad, entre otras. Estos supuestos empleados pagaban a
sus contratadores la cuota a la Seguridad Social durante el tiempo de
carencia obligatoria hasta tener derecho a cobrar las prestaciones.
Hasta el momento han sido detenidas un total de 34 personas
acusados de 105 delitos de falsedad documental y estafa. De ellas, 14
son españoles, y cinco de ellos administradores o gerentes de las
empresas ficticias. La cantidad defraudada a la Seguridad Social
asciende a 1.283.022 euros -817.875 euros a la Tesorería General de la
Seguridad Social y 465.146 euros al Servicio Público de Empleo Estatal-.
Todas las empresas eran ficticias a excepción de la detención del
gerente de una firma real que sin embargo, realizaba las contrataciones
irregulares sin conocimiento de los propietarios.
La operación ha sido desarrollada por la Sección de Investigación
de la Seguridad Social de la UDEF Central, Brigada de Delincuencia
Económica, de la Comisaría General de Policía Judicial junto con la
Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.
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