VALENCIA.- El Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana, José Cholbi, advierte de "enormes carencias" en la
efectividad del derecho a una vivienda "digna". En este sentido, alerta
de las "dramáticas consecuencias" que genera la aplicación de la
realidad actual de la normativa en materia de insolvencia, desahucios o
ejecución hipotecaria.
El defensor del pueblo valenciano hace estas observaciones en su
informe de 2012, donde atribuye esta situación "no solo a los
condicionamientos económicos que impone el mercado", sino también "como
consecuencia de una normativa y unas políticas públicas de vivienda que
no han podido adaptarse a las necesidades reales de la ciudadanía y al
sentido y características de las nuevas estructuras y relaciones
sociales y económicas".
En este sentido, señala que los problemas para acceder a la
vivienda "se han visto aumentados en los últimos tiempos, debido a la
difícil situación económica que ha afectado de manera especialmente
intensa tanto a las pequeñas economías familiares como al sector
inmobiliario".
Asimismo, indica que en los últimos años "a los problemas de
acceso a la vivienda digna vienen sumándose, de manera cada vez más
acuciante, fenómenos de regresión en el disfrute de este derecho", de
modo que "asistimos a un preocupante proceso de involución, en términos
sociales, del grado de efectividad del derecho a la vivienda".
"No se trata ya sólo de que el acceso a la vivienda sea cada día
más difícil, sino de que muchas personas y familias que habían logrado
adquirir una vean como la situación de endeudamiento que padecen les
conduce a la pérdida de la misma", la menta.
Al respecto, el Síndic alerta de que esto genera "una dinámica
peligrosa e inquietante, en términos sociales", ya que "quienes no
tienen vivienda siguen teniendo muy difícil acceder a ella y, quienes sí
la tenían, cada vez es más frecuente que vean peligrar su derecho o
que, directamente, lo pierdan como consecuencia de la tramitación de
procedimientos de desahucio o de ejecución hipotecaria".
Durante 2012, los ciudadanos plantearon ante la institución un
total de 556 quejas relacionadas con la vivienda, frente a las 245
presentadas en 2011. Las quejas más numerosas, 397, se refieren a la
aplicación de los planes de vivienda; 142 a actuaciones del Instituto
Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), 14 a las competencias municipales en
materia de vivienda y tres sobre otras competencias de los Servicios
Territoriales de Arquitectura y Vivienda.
José Cholbi indica en su informe que, como en años anteriores, los
problemas que determinados colectivos especialmente desfavorecidos
encuentran a la hora de acceder a una vivienda de protección pública "ha
vuelto a centrar la actuación de esta institución a lo largo del año
2012".
En este sentido, señala que éste es "uno de los ámbitos en los que
la crisis económica que padecemos ha dejado sentir sus efectos con
mayor intensidad, al haber desplegado sus efectos tanto sobre el número
de viviendas de promoción pública disponible, que es cada vez menor,
como sobre el número de ciudadanos que acuden en solicitud de este tipo
de viviendas, que es por el contrario cada vez es mayor".
El Síndic hace referencia a varios casos de quejas formuladas por
retrasos en la adjudicación de viviendas de protección pública, y
subraya que "esta institución no pudo sino manifestar que, siendo
consciente de las dificultades existentes para satisfacer la numerosa
demanda de vivienda protegida", hay que recordar que el artículo 16 del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana dispone que "la
Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los
ciudadanos valencianos".
"Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho,
especialmente a favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres
maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en la
que estén justificadas las ayudas", contempla el Estatuto.
En otros apartados, Cholbi también señala que los impagos de las
ayudas a la vivienda en sus diversas modalidades --prestaciones de
mantenimiento, ayudas de acceso a la vivienda, renta básica de
emancipación, ayudas de rehabilitación de vivienda-- han constituido el
principal de los motivos de queja por los que, en materia de vivienda,
los valencianos se han dirigido a la institución.
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