VALENCIA.- La Fiscalía Provincial de Valencia decidirá
si investiga la denuncia interpuesta por el PSPV sobre actuaciones de
testigos en la Comisión de investigación celebrada en las Corts
Valencianes en relación con el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia
que el 3 de julio de 2006 provocó 43 muertos y 47 heridos graves, tras
remitirle toda la documentación el fiscal superior del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han informado hoy fuentes del ministerio público.
El fiscal superior dictó con fecha 7 de mayo un decreto en el que
acordaba abrir diligencias de investigación penal por la denuncia de los
socialistas, pero luego las archivó al no citarse ninguna persona
concreta ni aparecer ningún aforado en los hechos denunciados, según han
explicado fuentes del ministerio público, ya que este extremo no
constaba en el decreto. En el mismo escrito, el fiscal superior acordaba
remitir la documentación a la Fiscalía Provincial, para que "actúe en
consecuencia".
Esta documentación llegó a última hora del lunes a la Fiscalía de
Valencia, que será la que ahora decida "con libertad de criterio" si
abre o no una investigación relacionada con los hechos denunciados, han
explicado las mismas fuentes. Este martes aún no había realizado ningún
pronunciamiento.
El PSPV presentó el pasado 6 de mayo la denuncia a la Fiscalía en
la que aseguraba aportar "nuevas pruebas" y pedía la apertura de una
investigación por si en la Comisión de las Corts Valencianes sobre el
siniestro se pudo incurrir por parte de algunos comparecientes en un
presunto delito de falso testimonio. La presidenta del grupo
parlamentario socialista en la cámara valenciana, Ana Barceló, y el
diputado autonómico Francesc Signes, fueron quienes entregaron en
Fiscalía del TSJCV la documentación.
En ella adjuntaron una copia del programa 'Salvados' sobre el
accidente, el "argumentario" que la consultora HM Sanchis elaboró sobre
el mismo y las actas de la comisión de investigación que se celebró en
las Corts Valencianes.
Barceló explicó en el momento de la presentación del escrito que
consideran que pudo producirse un delito de falso testimonio de acuerdo a
la modificación del artículo 502 del Código Penal, que podría estar
penado con entre seis meses y un año de prisión y recordó que cuando se
citó a las personas que intervinieron en la Comisión de las Corts acerca
del metro se advertía de la obligación de decir la verdad.
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