martes, 4 de junio de 2013

La Abogacía de la Generalitat pide 11 años de prisión para Blasco en el 'caso Cooperación' y la Fiscalía 14


VALENCIA.- La Abogacía de la Generalitat solicita una pena de 11 años y medio de prisión para el diputado del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, según consta en su escrito de calificación provisional.

   Esta parte presentó su escrito este lunes --aunque no ha trascendido hasta hoy-- en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde se instruye el 'caso Cooperación', que consta de dos piezas: la primera, en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes; y la segunda, relativa al supuesto desvío de fondos en favor de la trama entre 2009 y 2011.

La Fiscalía pide 14 años de cárcel

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el diputado del PP y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, según consta en el escrito de calificación provisional.
   El ministerio público, al igual que el resto de las acusaciones --PSPV, Abogacía de la Generalitat, Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) y el padre del niño adoptado--, presentó su escrito de calificación este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde se instruye el 'caso Cooperación'.
   El procedimiento se divide en dos piezas. La primera, en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes; y la segunda, relativa al supuesto desvío de fondos en favor de la trama entre 2009 y 2011.

Piden la expulsión del PP

La oposición en las Corts Valencianes --PSPV, EUPV y Compromís-- ha solicitado al PP que expulse del grupo parlamentario 'popular' al diputado Rafael Blasco, después de que se hayan conocido las calificaciones provisionales tanto de la Abogacía de la Generalitat, que pide 11 años y medio de prisión para él, y de la Fiscalía que solicita 14 años, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes. El síndic parlamentario 'popular', Jorge Bellver, les ha respondido que los tiempos para tomar decisiones "los marca el presidente Fabra y la jueza".
   Así se han manifestado los portavoces de todos los grupos en la rueda de prensa tras la reunión de junta de síndics en las Corts. La oposición ha coincidido en señalar que la semana pasada durante la sesión de control, Alberto Fabra, fió el futuro político de Blasco al informe que emitiera la Abogacía de la Generalitat.
   Para la portavoz ajunta de Compromís, Mónica Oltra, con estas declaraciones, "Fabra hizo una pirueta retórica y lo que pretendió fue ganar tiempo y ahora --que ya se conocen las calificaciones-- no saben cómo jugar el partido", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "no se entiende como el Fiscal General del Estado no se ha pronunciado por el desprecio de Fabra al ministerio fiscal", que también ha emitido sus calificaciones previas.
   En esta línea, la diputada del PSPV Ana Barceló también ha recordado que Fabra se acogió a lo que dijera el informe de la Abogacía de la Generalitat y una vez conocido debe "invitar a irse del grupo a Blasco o que tome la decisión de expulsarlo".
"El caso de Blasco es un árbol más dentro del bosque de casos de corrupción dentro del PP", ha señalado.
   Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, considera que "no se puede poner el sol sin que Blasco sea expulsado del grupo 'popular' si de verdad Fabra quiere limpiar el nombre de la institución y desligarse de las prácticas que rodean a algunos de sus diputados".
La diputada de Compromís Mónica Oltra ha comentado durante su intervención que tiene la sensación de que Blasco "tiene agarrado por los autos judiciales y las actas notariales a Fabra" y las consecuencias de estas calificaciones provisionales "no puede ser un 'pasteleo' para que Blasco pase a formar parte del grupo de no adscritos de las Corts, porque eso sería una burla a la opinión pública".
   Oltra considera que lo que los 'populares' pretenden al pasarlo al grupo mixto es dar a entender que Fabra "lucha contra la corrupción, cuando el PP es el 'partido podrido' por los tres procesados que tiene en la bancada y el resto de imputados".
   La diputada de izquierdas ha matizado que su grupo "siempre ha desligado el hecho de pedir la dimisión al margen de estar imputado o no".
"Hay casos como éste en el que la situación política es insostenible porque se ha perdido el honor que va asociado al cargo público", ha finalizado.
   El grupo parlamentario 'popular' ha rechazado la proposición no de ley (PNL) presentada por EUPV y ya tramitada en la que se pedía la reprobación a Rafael Blasco por haber permitido "presuntamente la creación de una trama que captó al menos seis millones de euros de las subvenciones concedidas a distintas ONGs".
   Sanz ha calificado de "increíble" que el PP haya rechazado la iniciativa y "no quiera votar" una proposición presentada en febrero y tramitada, y que se hizo "en términos políticos".
 "Es un debate que les viene muy incómodo, porque si votan en contra se sitúan contra la Abogacía de la Generalitat", ha agregado. Bellver ha respondido que "no se ha vetado el debate, lo que ocurre es que tendría más sentido cuando se tenga la decisión judicial" sobre Blasco.
   De todas formas, EUPV ha solicitado la sustitución para el Pleno del 12 y 13 de junio de una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida entre monarquía y república, por la iniciativa de la reprobación a Blasco. Bellver ha matizado que "primero tiene que haber un acuerdo en la Junta de Síndics y luego entra la posibilidad de la sustitución".

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