VALENCIA.- El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha impuesto multas por importe superior a 43 millones
de euros a varias asociaciones relacionadas con el transporte de
contenedores en el puerto de Valencia por alcanzar "acuerdos para fijar
los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV) y la Conselleria de Infraestructuras y
Transportes", desde 1998 y "al menos" hasta que se incoó el expediente
en 2011.
En un comunicado, informa de que sanciona a la Asociación de
Empresas de Logística y Transportes de Contenedores (AELTC) con 12,69
millones de euros, a la Asociación de Autopatronos del Transporte de
Contenedores (Transcont) Comunidad Valenciana con 3,05 millones y a la
Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos (Transconval),
con 9,91 millones de euros.
A su vez, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y
la logística (FVET) deberá pagar una multa de 200.000 euros; a la
Asociación Naviera Valenciana (ANV) le impone una sanción de 3,3
millones; a la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y
Asimilados OLT (Ateia-OLT Valencia) de 13,14 millones; a TCV Stevedoring
Company de 403.096 euros; a Noatum Ports Valenciana de 561.390 euros; a
Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia de 252.318 euros, y a
la Autoridad Portuaria, de 100.000 euros.
Del papel de la APV, Competencia señala que "participó junto con
el resto de imputados en la adopción de acuerdos y compromisos" sobre el
transporte de contenedores por carretera en el puerto de Valencia,
relativos a la "fijación de precios y condiciones comerciales, la
limitación o control de flotas y el reparto de mercado".
En cuanto a la Conselleria, apunta que "desempeñó un papel activo
en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo
de fijación de precios" y, además, "contribuyó considerablemente a su
mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir grave y
prolongadamente la competencia en el mercado".
Fuentes del CNC han explicado que no han multado a la Conselleria
porque en otras ocasiones ha multado a administraciones y la Audiencia
Nacional se ha pronunciado en contra de esas sanciones y, "en este caso,
el Consejo ha preferido ser prudente y esperar a que el Tribunal
Supremo tenga una jurisprudencia firme sobre si se ha de multar a las
administraciones".
Este proceso nace del expediente incoado por la Dirección de
Investigación de la CNC en junio de 2011 contra esas asociaciones, la
FVET, la APV y la Conselleria por prácticas prohibidas en el artículo 1
de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En junio de 2012, amplió
ese expediente a las empresas concesionarias de terminales de depósito
TCV, Marítima Valenciana y su sucesora, Noatum, y a MSCTV.
Competencia considera que las asociaciones del puerto de Valencia
imputadas en este expediente han cometido una "infracción muy grave de
las normas de competencia al haber distorsionado el normal
funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte
de contenedores de forma constante y reiterada".
Denuncia, en este sentido, que alcanzaron "acuerdos para
homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras
prestaciones unidas al transporte e incluso de las indemnizaciones por
paradas", así como la "aplicación de forma coordinada de los incrementos
del IPC o del gasóleo".
La CNC mantiene que, para conseguirlo, llevaron a cabo "repartos
del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de
vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el
puerto".
En cuanto a las tres concesionarias de terminales imputadas, les
reprocha la "concertación" con las asociaciones de transportistas para
"fijar el precio y las condiciones de su derecho a la indemnización por
parada".
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