VALENCIA.- El supuesto delito de blanqueo por el que se investiga a más de 50
personas vinculadas al PP de Valencia será instruido en una pieza
separada al conocido como caso Imelsa, que tiene su origen en una
presunta trama de mordidas en contratos públicos en varias
administraciones valencianas.
Según fuentes de la investigación, se trata
de una opción lógica que permitirá acelerar la instrucción, a la vista
de cómo se está desarrollando esta operación y de las pesquisas
policiales.
La formación de esta pieza separada, han indicado las mismas
fuentes, podrá ser acordada por el juez de oficio o bien a petición del
Ministerio Público, como efectivamente se plantea la Fiscalía
Anticorrupción.
Así, esta parte del caso, la referida al supuesto blanqueo, se
derivaría al Tribunal Superior de Justicia, por estar aforado uno de los
exconcejales investigados, Miguel Domínguez, ya que es diputado en las
Cortes Valencianas.
El pasado miércoles, la presidenta regional del partido y
portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, ya adelantó que el partido
pedirá el acta a los concejales investigados cuando el juez tome una
decisión o se levante el secreto de sumario de la causa y se vea qué
pruebas hay contra cada uno de ellos.
Salvo en el caso de que Domínguez decida dejar su acta de
diputado regional, una pieza por supuesto blanqueo de capitales debería
recalar en una instancia superior dada su condición de aforado.
Consultado al respecto, el exconcejal de Seguridad
Ciudadana Miguel Domínguez ha indicado que no está investigado (imputado
antes de la modificación de la LeCrim) y que, en su opinión, cualquier
persona que se encuentre en una situación similar, debería esperar a ser
procesado antes de tomar una decisión.
Ha insistido en que este es un asunto que afecta a concejales y
que él es diputado, y ha recordado el caso del concejal independiente
del grupo popular y ex secretario autonómico de Hacienda Eusebio Monzó,
que fue destituido tras ser imputado en la causa que investigaba la
contratación de Santiago Calatrava para el centro de convenciones de
Castellón, causa que fue sobreseída.
Domínguez, según ha explicado hoy, realizó una donación de
1.000 euros al partido pero no recibió a cambio dinero en efectivo y por
ello tiene la "conciencia tranquila".
Asimismo, ha negado que de la investigación se pueda deducir que
exista un claro caso de blanqueo, como han defendido varios testigos,
porque "a quienes se supone que devolvieron el dinero no pueden saber de
dónde vino; puede ser que el partido tuviese un ingreso extraordinario y
devolviese las donaciones".
Por este supuesto delito de blanqueo el juez ha llamado a
declarar a 15 concejales y exconcejales del PP de Valencia, nueve de
ellos de la actual corporación.
Entre los actuales se encuentra toda la corporación menos el
independiente Eusebio Monzó: Alfonso Novo, Vicente Igual, Beatriz Simón,
Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Gómez Mendoza, Félix Crespo,
María Angels Ramón-Llin y María Jesús Puchalt.
Los seis exconcejales citados a declarar son: Silvestre Senent,
Ana Albert, Vicente José Aleixandre, Francisco Lledó, Juan Vicente
Jurado e Irene Beneyto.
Además, también están procesados en esta causa veintiún asesores o exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
El volumen total supuestamente blanqueado desde el grupo
municipal (mediante donaciones al partido por transferencia que, al
parecer, fueron devueltas posteriormente en billetes de 500 euros) fue
de alrededor de 50.000 euros.
La procedencia de estos fondos estaría relacionada con los
empresarios procesados en esta misma causa, aunque no se descarta la
implicación de otros, según las mismas fuentes, que han aclarado que no
se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Valencia.
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