CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha
manifestado hoy que cuando conoció la polémica de la depuradora de
Borriol por la prensa y para "evitar cualquier sombra de duda" ordenó
que se excluyera la parcela 42 del proyecto y apartó a Francisco
Martínez de su responsabilidad en Infraestructuras.
Así se ha manifestado Moliner en su comparecencia en calidad de
testigo en el juicio contra el exvicepresidente de la Diputación
Francisco Martínez, que se enfrenta a una petición de 4 años de prisión
por delitos de prevaricación,tráfico de influencias, fraude y
negociaciones prohibidas.
Además constan como acusados el exalcalde de Borriol Adelino
Santamaría, los dos hijos de Martínez, el socio de Martínez Raúl
Babiloni y un empleado de éste.
Moliner ha comparecido durante quince minutos ante el magistrado y
ha relatado que cuando tuvo conocimiento en enero de 2014 de que una de
las parcelas en las que se iba a construir la depuradora de Borriol era
de una empresa -Franvaltur- de la que era socio Martínez y sus hijos
paralizó la aprobación de la expropiación de los terrenos.
Conoció los hechos por la prensa, ha explicado y se puso en
contacto con Santamaría con quien "corroboró" la información y le pidió
que no aprobara la expropiación "para evitar cualquier sombra de duda".
Al mismo tiempo decidió apartar a Martínez de su responsabilidad en la toma de decisiones en el área de Infraestructuras.
A partir de ahí pidió a los técnicos que estudiaran una vía
alternativa al proyecto sin esa parcela 42 y ordenó una cronología de la
actuación de la Diputación en el proyecto.
De lo que le comunicaron los técnicos, ha explicado "en ningún
momento se desprendió que Santamaría tuviera información de que existía
un conflicto de intereses" así como que no le consta que el exalcalde
hubiera incluido esa parcela en el proyecto.
También ha recordado que la dimisión de Santamaría como alcalde y
como diputado se produjo porque así estaba planificado con
anterioridad.
Ha dicho que la tramitación de la Diputación fue "impoluta" y
partía de la premisa de que era el Ayuntamiento de Borriol el que puso a
disposición de la Diputación el suelo.
Ante los medios de comunicación, Moliner ha defendido que la
ética y la dignidad deben ser "los dos pilares sobre los que se sustente
la labor diaria de cualquier servidor público" y la conducta de
Martínez "no fue ni digna ni ética" y por eso tomó la decisión que tomó.
Ha agregado que el tribunal "será el que tendrá que determinar si
efectivamente Martínez supo que la parcela era de una empresa de su
familia por la prensa" y ha añadido que él ni siquiera esperó a escuchar
las explicaciones de Martínez porque no le interesaban.
Asimismo ha dicho que Santamaría "jamás" le dijo que tuviera
ningún conocimiento de que los terrenos pudieran tener alguna
vinculación con Martínez.
Ha mostrado su satisfacción por colaborar con la justicia, porque
determinadas cuestiones y actitudes, ha dicho, "a mi lado no se van a
producir".
Durante la sesión han declarado también dos técnicos de la
Diputación quienes han indicado que era la junta de gobierno la que
aprobaba los proyectos.
El entonces arquitecto municipal de Borriol ha explicado que se
fijó el justiprecio de las parcelas como urbanizables pese a ser
urbanizables porque se iba a instalar allí un bien de interés general.
También han declarado como testigos dos propietarios de parcelas
de Borriol en las que se iba a instalar la depuradora, y uno de ellos ha
indicado que se reunió personalmente con Santamaría para tratar la
expropiación.
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