VALENCIA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que el Gobierno central aprobará en el Consejo de Ministros
del próximo martes, 19 de diciembre, la licitación de las obras de la
terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia,
con una inversión pública de 656 millones de euros y una inversión
global de más de 1.600 millones de euros.
«Soy muy poco partidario de comprometer plazos, solo lo hago cuando estoy seguro de que los voy a cumplir», ha dicho el ministro durante su intervención en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia, antes de concretar la fecha en la que se aprobará el proyecto.
«El martes estaremos ya poniendo rumbo a este proyecto tan largamente esperado» que, en su opinión, será «enormemente positivo» tanto para la Comunitat Valenciana como para España, ya que el de Valencia es un «puerto fundamental para nuestro país», ha indicado.
Así lo ha señalado tras visitar las instalaciones del Puerto de Valencia que acogerán la nueva terminal, junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, entre otras autoridades. Todos ellos han brindado juntos al término de las intervenciones.
Óscar Puente ha puesto en valor que el Puerto de València es el primero de España, el cuarto de la Europa y el número 20 del mundo, y, en ese sentido, ha subrayado la «importancia» del proyecto de la ampliación norte, porque la infraestructura «lleva tiempo trabajando en su banda de congestión» y «un gobierno previsor debe anticiparse a este tipo de circunstancias y trabajar para que, cuando llegue el momento, las infraestructuras estén en condiciones de servir su propósito».
El ministro ha manifestado que espera que se puedan poder «despejar las suspicacias sobre el proyecto».
«Pienso que la razón está de nuestro lado», ha añadido. Coincidiendo con la visita, la plataforma Comissió Ciutat-Port se ha concentrado en las inmediaciones para protesta contra la ampliación del Puerto y advertir sobre sus «consecuencias ambientales», «sociales» y «jurídicas».
En ese contexto, el ministro ha querido centrarse en el «apartado polémico» del proyecto, «el ambiental», para subrayar que la construcción de la terminal es un «proyecto ecológico», porque desde el punto de vista energético será « 100% sostenible», «autosuficiente» y se abastecerá de energías limpias.
Además, ha incidido en que implicará «derivar los tráficos de contenedores al tren» porque contempla una «la mayor terminal ferroviaria que va a tener ningún puerto de la Península y probablemente ninguno en Europa», en un momento en el que el 93% de los contenedores que entran y salen de las instalaciones lo hacen en camiones.
El ministro ha añadido, en posteriores declaraciones a los medios preguntado por la advertencia de Compromís de que los ministros de Sumar no votarán a favor del proyecto, que él no sabe que harán los socios de gobierno, pero que el PSOE está siendo «plenamente coherente» con lo que ha defendido porque ha apoyado al proyecto «desde hace muchos años», tanto a nivel estatal como autonómico.
Puente ha mandado un mensaje de «tranquilidad a los valencianos» y ha dicho que «las objeciones medioambientales que se le ponen al proyecto no están fundamentadas» y se debe analizar el proyecto «de manera global», no «pensar solo en la afección» a las playas del Saler, que además «han sido objeto de una obra de corrección en la que se han invertido 30 millones de euros».
«Espero que cambien el enfoque y que los hechos les vayan llevando en otra dirección».
Puente ha subrayado así que se trata de un proyecto sostenible y de una gran inversión publico-privada, la más importante que se ha hecho nunca en un puerto español"
El anuncio llega un año después de que el consejo de administración de la APV aprobase el Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia, que según la actualización de precios realizada la pasada semana, supondrá una inversión pública de 660 millones de euros.
El presidente de MSC España, Francisco Lorente, ha indicado que espera que se incremente cerca de un 20 o 25% el importe inicial de 1.050 millones de euros que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal.
Ha opinado que «sería un gran éxito» si la terminal pudiese empezar a recibir barcos dentro de cinco años.
La nueva terminal pública de contenedores permitirá operar a los buques de última generación MEGAMAX, de hasta 430 metros de eslora y más de 24.000 TEUs (contenedores equivalentes de 20 pies).
La terminal norte de contenedores tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores.
La infraestructura contará con diseño, tecnologías y equipamiento de «última generación», una instalación totalmente electrificada que permitirá suministrar a los barcos y el objetivo es que el origen de su electricidad proceda al 100% de fuentes renovables.
En su proyecto, TIL ofrece desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.
La
vicepresidenta, Yolanda Díaz, ya dejó entrever en sus
redes sociales que los representantes de Sumar en el Gobierno no
apoyarán el proyecto por falta de garantías ambientales y jurídicas.
El TSJ pide un dictamen que determine si la ampliación del Puerto de Valencia tiene efectos ambientales adversos
La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acepta la prueba pericial solicitada por la Comissió Ciutat-Port en la causa que investiga si la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles en diciembre del año pasado fue irregular al no ajustarse a la declaración de impacto ambiental de 2007.
Precisamente, se ha producido una novedad importante en la causa que se desarrolla en la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investiga si la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles en diciembre del año pasado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) fue irregular al no ajustarse a la declaración de impacto ambiental de 2007, entre otros motivos.
La asociación Acció Ecologista-Agró, en nombre de la Comissió Ciutat-Port, presentó la correspondiente demanda el pasado 12 de julio y en la misma solicitó una serie pruebas periciales, alguna de las cuales ha aceptado la sala.
En concreto, según la documentación recabada, en un auto del pasado 17 de octubre la sala estimó la solicitud de la entidad cívica para que se elabore un dictamen con la finalidad de establecer la conclusión de existencia o no de efectos significativos adversos sobre el medio ambiente por la decisión adoptada hace un año en el consejo de administración de la APV, es decir, la aprobación del proyecto constructivo, considerando tanto la fase de creación de infraestructuras como la explotación, y considerando también las emisiones atmosféricas derivadas de la explotación de terminales, del tráfico marítimo y del tráfico rodado asociado.
Acció Ecologista-Agró solicitó para la realización de este informe un perito de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, pero el tribunal ha rechazado esta opción y ha designado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Comunitat Valenciana y el pasado 17 de noviembre se designó al perito que emitirá el dictamen.
El informe debe recoger análisis y conclusiones sobre la concurrencia en el proyecto de una afección al Parque Natural de la Albufera, con especial atención a los efectos del oleaje sobre el mantenimiento de la restinga; de un incremento significativo de emisiones a la atmósfera como consecuencia del traslado al sur de la terminal de cruceros, así como sobre la concurrencia de un incremento significativo de recursos naturales, con atención a la representación de consumos en el total del proyecto.
El dictamen ha de considerar las modificaciones planteadas en el proyecto constructivo aprobado en 2022, con referencia a las previsiones del proyecto originario de 2006 informado favorablemente por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007.
La demanda presentada por Acció Ecologista-Agró pide la nulidad del mencionado acuerdo por una serie de argumentos relaciones con la falta de informes que avalen la validez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para el nuevo proyecto, además de considerar que la DIA no está vigente y que no tiene en cuenta el traslado de la terminal de cruceros junto al barrio de Natzaret o la demolición del contradique, entre otras cuestiones.
En concreto, los denunciantes consideran que la aprobación del proyecto “debe declararse inválido por falta de evaluación ambiental del proyecto constructivo, que suponiendo una modificación del originalmente aprobado por la DIA de 2007, cuya invalidez también defendemos”.
Y todo ello porque “el proyecto supone un aumento significativo de emisiones a la atmósfera como consecuencia del traslado de la terminal de pasajeros del norte al sur del puerto”, un traslado que junto a la adjudicación a Baleària también ha sido impugnado.
Además, el nuevo proyecto al que se pretende dar cobertura con la DIA de 2007 “supone un incremento significativo de la utilización de recursos naturales” en cuanto a dragas y material de relleno necesario para los muelles y además no tiene en cuenta la afección de obras como la demolición de un contradique.
Los demandantes consideran también que la construcción del muelle “representa una afección al Parque Natural de la Albufera (Red Natura 2000) y tiene efectos significativos adversos sobre el medio ambiente” y aportan como prueba el informe de la Comisión Científica de la Albufera.
La Comissió Ciutat-Port pone en evidencia también que la aprobación del proyecto constructivo se produjo “careciendo de un pronunciamiento expreso, fundado técnica y jurídicamente en derecho, en el que se determinase la no necesidad de una nueva evaluación ambiental, ya fuese ordinaria o simplificada, requisito previo imprescindible para la aprobación del proyecto”, tal y como requirió en un informe anterior Puertos del Estado.
Se incurrió, además, “en una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, en cuanto a que la APV era consciente de que se estaba sustanciando un recurso ante el TSJ de Madrid, de tal forma que la APV aprobó el proyecto constructivo estando pendiente de resolución la petición de la medida cautelar de suspensión de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica sobre la condición de órgano sustantivo, “contraviniendo la doctrina del Tribunal Supremo” que impide a la administración tomar decisiones sobre un acto para el que se ha pedido una suspensión cautelar.
La demanda destaca también que 10 de las 21 condiciones impuestas por la Demarcación de Costas de València en su informe de compatibilidad no quedan resueltas antes de la aprobación del proyecto y que existe un desfase entre la fecha de aprobación del proyecto (2-12-2022) y la fecha de cierre del presupuesto de ejecución material del mismo (30-11-2021) que viciaría el proceso posterior de licitación administrativa en cuanto al presupuesto real de las obras.
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