Además, ha cifrado en un total de
974 estas «empresas que ya son de la Comunitat Valenciana» y ha
asegurado que la propuesta demuestra que «el nacionalismo ha fracasado y
solo le queda la extorsión».
Así ha valorado la idea que contemplan los de Carles Puigdemont de
que las empresas que trasladaron su sede de Catalunya por el 'procés'
independentista de 2017 «puedan ser sancionadas» si no vuelven, junto a
incentivos fiscales para las que regresen o hayan mantenido su sede en
esta comunidad. Por el momento, Junts mantiene su negativa a apoyar los
decretos anticrisis del Gobierno si no se acepta esta propuesta.
«Me estoy empezando a cansar de todo esto (...) No vamos a permitir
que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son
valencianas, alicantinas y castellonenses», ha declarado Mazón tras un
desayuno informativo protagonizado por la alcaldesa de Valencia, la
también 'popular' María José Catalá.
Según ha denunciado, la idea de Junts demuestra que el Gobierno y los
partidos que le apoyan están dispuestos a «extorsionar e incumplir la
Constitución y la libertad de movilidad de empresas».
Frente a ello ha prometido defender a las empresas instaladas en la
Comunitat desde Catalunya mediante «un plan de estabilización y apoyo»
e, «incluso en su caso», con un recurso de inconstitucionalidad
presentado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que «está
alertada para reaccionar de inmediato».
«Como ya nos hemos acostumbrado a
que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, tenemos las peores
perspectivas», ha advertido.
En paralelo, Mazón ha realizado un llamamiento a que se instalen en
la Comunitat Valenciana las empresas catalanas que «busquen un espacio
de confianza, reducción administrativa, burocracia cero, bajos
impuestos, un entorno amable y no de multas ni coacciones».
«Aquí van a
encontrar facilidades que allí no están encontrando y apoyo fiscal para
generar empleo y desarrollo», ha garantizado.
Preguntado por si ha contactado con empresas como Caixabank, que
instaló su sede social en Valencia tras el 'procés', ha asegurado que en
los últimos días mantiene un «intenso diálogo» con muchas compañías
llegadas desde Catalunya, no solo las financieras: «Conversaciones muy
fructíferas para su permanencia, desarrollo e incluso para la llegada de
nuevas» (empresas).
Aunque no ha querido mencionar a ninguna por «respeto», Mazón ha
insistido en que cada vez está «más satisfecho» de la apuesta de estas
empresas por la Comunitat Valenciana, como ha podido constatar en estas
conversaciones con mercantiles «muy relevantes». Compañías a las que ha
invitado a trasladar a otras empresas catalanas que «aquí serán
recibidas con los brazos abiertos».
Y respecto a si la Generalitat Valenciana se coordinará con otras
autonomías que están en contra de la propuesta de Junts, se ha limitado a
afirmar que «la coordinación jurídica será buena» y a insistir en que
su prioridad siempre será defender a las empresas valencianas y el
autogobierno.
«Porque esta Generalitat es tan Generalitat como
cualquiera, la diferencia es que protege y no extorsiona a nadie», ha
dicho.
En la misma línea, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha
prometido «proteger a toda empresa valenciana que se haya instalado aquí
por todas las vías», ante una propuesta «claramente inconstitucional»
que supone «saltarse todas las líneas rojas de nuestro país». «Estas
empresas tienen todo nuestro respaldo, energía y capacidad legal», ha
aseverado tras mostrarse «alarmada» por la idea de multar a las que no
vuelvan a Catalunya.
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