Así lo señala el Síndic en una resolución publicada por Las Provincias, tras abrir una queja de oficio después de que, a principio de curso, “quedaron patentes las incidencias que se estaban produciendo en la prestación del servicio de transporte escolar al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en aulas ordinarias, aulas específicas y en centros de educación especial”.
El defensor del pueblo valenciano indica que esta situación podía suponer una “vulneración de los derechos constitucionales o estatutarios de los menores con discapacidad”, escolarizados en centros ordinarios, en aulas ordinarias, específicas de educación especial y en los centros de educación especial.
Ante esta situación el 27 de septiembre, el Síndic solicitó a la Conselleria un informe sobre el número de alumnado escolarizado con necesidades educativas especiales afectados por la cancelación y retrasos en la prestación del servicio de transporte escolar; si los buses cumplían con la normativa vigente; las medidas seguidas ante posibles incumplimientos y el resultado de las inspecciones realizadas a los vehículos, entre otras.
La Dirección General de Centros Docentes, el 25 de octubre, envió el informe, en el que reflejaba que las incidencias se produjeron los días 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de septiembre y afectaron a unos 700 alumnos de nueve centros de Educación Especial de la provincia de Valencia.
Además, añade que, en todos los casos, se trató de incidencias “relacionadas con un insuficiente número de autobuses en servicio o con la capacidad de los mismos, retrasos, mal funcionamiento en alguno de los mecanismos de elevación, o distintas averías en los autobuses, como por ejemplo ocurrió con los sistemas de refrigeración”.
La Dirección General apunta en su informe que, tras verificar que todas las incidencias en el servicio de transporte escolar se encuentran circunscritas a la gestión de una única UTE, la Conselleria implementó actuaciones de control y supervisión en materia de tráfico y seguridad vial, además de iniciar el correspondiente expediente de imposición de penalidades por incumplimiento contractual muy grave en la ejecución del contrato administrativo del servicio de transporte escolar a la UTE Escolar Valencia V5.
Al respecto, el Síndic, que censura que en el informe de la Conselleria no se da respuesta a algunas cuestiones planteadas, lo que a su juicio “implica un deficiente modo de colaborar con la investigación”, sostiene que “se tendrían que articular modelos de gestión pública flexibles y contingentes que tengan capacidad para transformarse y adaptarse a estos escenarios”, ya que considera que “no se puede mantener la deficiencia en la prestación del servicio de transporte durante once días lectivos, con los efectos negativos que se producen tanto a este colectivo del alumnado como a sus familias”.
Además, subraya que “echa de menos que la administración educativa no se comprometa a adoptar determinadas medidas con el fin de que no se produzcan de nuevo estas incidencias en los inicios del curso escolar”. “Situaciones como las investigadas producen situaciones de agravio comparativo con otros alumnos que sí disponen de este servicio desde el inicio del curso y sin incidencias en su desarrollo”, sostiene.
Por todo ello, el Síndic recomienda a la Conselleria de Educación que realice, si no lo ha hecho ya, las inspecciones pertinentes a los vehículos de transporte escolar para el alumnado de necesidades educativas especiales asignados a las rutas con incidencias detectadas, para constatar el cumplimiento de las características de los vehículos y de los elementos y dispositivos de seguridad con la normativa vigente.
También aconseja que se evalúe si se han producido efectos negativos –como pérdida de clases o de prestación de los recursos de apoyo– en el alumnado que no ha podido asistir a los centros docentes públicos por las incidencias en el transporte escolar, así como a adoptar las medidas para revertirlos.
Además, sugiere que “a la mayor brevedad” se valore constituir un grupo de trabajo entre representantes de la Dirección General de Transporte y Logística –Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio– y la Conselleria de Educación para revisar la normativa actual, así como elaborar y aprobar protocolos de actuación conjunta para abordar situaciones como las del inicio de curso.
Igualmente, recomienda trasladar a la Dirección General de Transporte y Logística –Conselleria de Medio Ambiente– la posibilidad de programar la revisión antes del inicio de los cursos escolares de los vehículos que presten servicio al alumnado con necesidades educativas especiales para que se ajusten a la normativa.
El Síndic recuerda a la Conselleria que debe colaborar con ellos dando respuesta “expresa y concreta” a las solicitudes de información y añade que está obligada a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción de la resolución.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Educación han señalado que, en las próximas contrataciones, “si así lo consideran los diferentes departamentos implicados y existe cobertura legal para ello, se intentarían incorporar las indicaciones realizadas por el Síndic de Greuges en su informe”.
Además, desde el departamento de José Antonio Rovira han recalcado que el contrato “fue adjudicado gobernando el Botànic” y han defendido que el actual Consell “no tuvo margen de maniobra para poder realizar las actuaciones requeridas”. No obstante, han afirmado que “se llevaron a cabo todas las medidas legales posibles para paliar las deficiencias y poder realizar el servicio de transporte en las mejores condiciones posibles”.
Igualmente, han añadido que trabajaron junto a la Dirección General de Transporte y Logística, de la Conselleria de Medio Ambiente, quien “realizó todas las inspecciones necesarias que desembocaron posteriormente en la apertura de un expediente a la empresa adjudicataria, única actuación posible dadas las características de la contratación realizada por el Gobierno del Botànic”.
Fuentes de la Conselleria de Educación han precisado que la Dirección General de Centros Docentes está trabajando en un informe referente a las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges.
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