Esta inversión en políticas sociales es posible gracias a las fianzas y depósitos acumulados en la Caja Municipal de Depósitos (CMD), cuyos procedimientos administrativos están finalizados, no han sido reclamados y cuentan con más de veinte años de antigüedad, informa el consistorio.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que los créditos generados servirán para potenciar las políticas de inclusión de las personas con discapacidad.
En este sentido, ha destacado que para el gobierno municipal "es prioritario activar todos los recursos disponibles para proyectos educativos y la formación de las personas con discapacidad".
De esta manera, Catalá ha anunciado que, tal y como marca la Ley de Patrimonio de las Administraciones, el Ayuntamiento iniciará el correspondiente expediente de modificación de créditos para inyectar los 1,2 millones de depósitos abandonados en el presupuesto de 2024, previa definición de los proyectos educativos a realizar.
En la CMD se ingresan las garantías que el Ayuntamiento de
Valencia exige a los particulares en los distintos procedimientos
administrativos y que, transcurridos los plazos de reclamación, han sido
declarados como abandonados.
Puede tratarse de garantías
para responder de la correcta ejecución de un contrato, o de garantías
para responder de los posibles daños que puedan producirse en alguna
ocupación de vía o espacio públicos o, también, entre otros supuestos,
puede tratarse de garantías presentadas en relación con algún recurso
interpuesto contra una liquidación tributaria.
Habitualmente,
una vez finalizados los procedimientos a los que están asociados los
depósitos, el Ayuntamiento devuelve las garantías o, en su caso, se
ejecutan y se acaben pagando a quien corresponda.
Pero
esta situación no se produce siempre y, para esos casos, la Ley de
Patrimonio tiene previsto un procedimiento especial de abandono de
depósitos, añaden las fuentes.
En este sentido, el
Ayuntamiento publicó recientemente el detalle de las fianzas y depósitos
de antigüedad superior a 20 años, (1,2 millones), cuyos procedimientos
administrativos están finalizados, y se dio la oportunidad a sus
titulares de reclamar ese dinero.
Una vez completados los
trámites y plazos, estas garantías y depósitos pasan a tener la
consideración de abandonados y se han convertido en ingresos para el
consistorio.
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