VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha incluido en sus ordenanzas fiscales de
2025 la nueva tasa de recogida y transportes de basuras, un pago que han
de aplicar todos los consistorios españoles a partir de una normativa
estatal emitida en cumplimiento de una directiva europea. Esa nueva tasa
supondrá que la administración local de la capital valenciana recaude
47,6 millones de euros.
El equipo de gobierno de esta ciudad,
presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha
mostrado su rechazo a esa medida, que define como el "basurazo" del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La primera edil expresó este
jueves el rechazo de su equipo a ese nuevo gravamen, una posición que
esta jornada ha ratificado la primera teniente de alcalde y edil de
Hacienda, María José Ferrer (PP), en la rueda de prensa en la que ha
hablado de la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento
para 2025.
La Junta de Gobierno Local del consistorio ha
aprobado este viernes la propuesta de ordenanzas para el próximo año, un
documento que según Ferrer San Segundo aborda un "tema tan difícil"
como la inclusión de esa nueva tasa de recogida de basuras. Ha indicado
que contemplarla es algo que "van a tener que hacer todos" los
ayuntamientos porque es un imperativo legal".
Desde el
ejecutivo municipal se expone que "el artículo 11.3 de la Ley estatal
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular exige a los ayuntamientos implantar una tasa
específica, diferenciada y no deficitaria" en se sentido.
Igualmente, ha apuntado que se "restringe enormemente la concesión e
importe de reducciones y bonificaciones fiscales para no incurrir la
tasa en la infracción de ser deficitaria" y que se habla de la
"obligatoriedad" de que entre en vigor en 2025.
El
Ayuntamiento de Valencia platea que "no puede asumir el coste del
servicio de recogida/transporte de residuos" y que "está obligado a
repercutirlo enteramente a los ciudadanos" a través del nuevo pago.
"No
la queremos", ha afirmado María José Ferrer San Segundo respecto a esa
tasa, a la vez que ha destacado que desde 1986 este consistorio "está
soportando como cargo a sus cuentas los portes del servicio de basura
--de la casa a los vertederos-- en la parte que le corresponde
exclusivamente".
"Sánchez obliga a cobrar a los valencianos 47,6
millones de euros", señalan desde el ejecutivo local. La responsable de
Hacienda ha asegurado que esa ley nacional "es absolutamente contraria"
a "la voluntad política" del equipo de Catalá, dirigida a "aliviar
fiscalmente a los ciudadanos".
"Estamos ante un basurazo", ha
insistido, además de aseverar que también hay "muchos alcaldes de la
izquierda que no quieren imponer esta tasa a los vecinos".
El
acuerdo adoptado este viernes en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Valencia posibilita llevar al próximo pleno del
consistorio, para su ratificación, las Ordenanzas Fiscales de esta
administración para 2025, entre las que estará la citada nueva tasa por
el servicio de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos.
"Es la primera vez en la historia del municipalismo español que
desde el Gobierno de España se obliga a todos los ayuntamientos a
imponer una nueva tasa, el 'basurazo de Sánchez", ha insistido Ferrer
San Segundo.
Para tender al pago por
generación y como exige la ley, los técnicos han determinado las cuotas
para esa tasa de recogida y transportes --también por coordinación y
coherencia con todo el ciclo de gestión de residuos--, por el mismo
criterio que emplea la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de
Residuos (EMTRE) para el tratamiento y la eliminación de las basuras con
cargo a la conocida como tasa Tamer.
Así, el consistorio
valenciano ha precisado que se tendrá en cuenta para el 'basurazo de
Sánchez', "el consumo de agua, medido en un tiempo definido de doce
meses, de la vivienda".
En el caso de actividades económicas será
modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE
(Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece.
El Ayuntamiento ha expuesto que se prevén 459.222 recibos entre
viviendas, comunidades de propietarios y actividades. Para las primeras,
se estima que para la mitad (201.843 de las 408.396) la cuota
resultante será de 39,14 euro/año, equivalente a 0,11 euros diarios o
3,3 euros mensuales.
El concejal del Ciclo Integral del Agua,
Carlos Mundina, que ha comparecido junto a Ferrer San Segundo, ha
explicado que "la nueva normativa" para recogida y transporte, "que
desarrolla una directiva europea, obliga que la tasa financie por
completo el servicio y que refleje el coste real --directo o indirecto--
de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los
residuos".
El edil ha comentado que la EMTRE, "que en anteriores
ejercicios ha asumido parte del servicio, ahora está obligada a
aumentar" la Tamer "para que financie completamente el coste del
servicio".
La edil
de Hacienda ha manifestado que "para aliviar a los vecinos y comercios
por el 'basurazo'", en el consistorio valenciano "mantendremos también
para 2025 la histórica rebaja fiscal aprobada para 2024, la mayor bajada
de impuestos y tasas de la historia de este ayuntamiento y de las
grandes ciudades españolas".
En este sentido, ha asegurado que
para el próximo año se consolidan medidas como "la reducción del 20% en
el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana; la ampliación
de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias
numerosas que han ahorrado más de un millón de euros; o la bonificación
del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos".
El equipo de gobierno municipal ha añadido que también para "reducir
el impacto del 'basurazo', la nueva ordenanza contempla beneficios
fiscales --con cobertura legal y restringidos en su cuantía para que la
tasa no sea deficitaria-- como los dirigidos a para familias numerosas o
con escasos recursos por vivienda habitual, usuarios de ecoparques,
actividades económicas que usen el sistemas de recogida municipal de
papel y cartón 'puerta a puerta' o reducción de residuos alimentarios.
Por otro lado, las Ordenanzas
Fiscales para 2025 prevén que el tipo de gravamen del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se armonice con los de la
mayor parte de las grandes ciudades, quedando en el 4%. También incluyen
bonificación del 95% a las comunidades de vecinos que acometan
sustitución de fachadas ventiladas realizadas con aluminio y composite o
procedan a la adaptación al Código Técnico de la Edificación.
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