VALENCIA.- La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti) han presentado un documento con 13 medidas «realistas, ambiciosas y factibles» que consideran que deben aplicarse de forma urgente para «evitar que la improvisación vuelva a ser el modus operandi» ante emergencias como la dana del pasado 29 de octubre.
Las actuaciones se centran en aspectos como la mejora de la atención a colectivos vulnerables, la «coordinación» y «corresponsabilidad» para redefinir y desplegar los planes de emergencia en las empresas, la agilización de las indemnizaciones y la aceleración de la ejecución de obras de encauzamiento, entre otros aspectos.
Así lo han explicado este jueves el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, y el decano de Cogiti Valencia, Tomás Játiva, que han entregado el documento 'DANA: Lecciones aprendidas' a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, representantes de la CEV, la Diputación de Valencia y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Las medidas son el resultado de dos jornadas de trabajo promovidas por ambas instituciones en las que 40 entidades públicas y privadas han realizado un análisis de lo ocurrido en las inundaciones, con «el foco sobre todo en la situación de las instalaciones y en las infraestructuras de entornos industriales», para «tener una receta que haga que esto que ha pasado, en el caos de volver a suceder, no tenga la repercusión y los daños que ha tenido», ha explicado Lafuente.
El documento subraya la necesidad de acelerar la contratación para la ejecución de las obras de encauzamiento proyectadas y la concesión de ayudas para evitar o minorar las consecuencias ante nuevas situaciones de inundaciones o condiciones climatológicas adversas. Játiva ha pedido «agilizar» los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros mediante la colaboración con compañías aseguradoras.
Otro de los aspectos recogidos es el rediseño y fortalecimiento de los protocolos de emergencia. Se piden planes de emergencia autonómicos y estatales, con puntos de información presenciales, especial atención a los parques industriales, una actualización periódica de los protocolos, formación, mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados en la emergencia y crear una plataforma de emergencias que coordine la prestación de servicios esenciales de restablecimiento de suministros y circulación.
Preguntados por las actuaciones que se deben implementar en las propias empresas, como posibles cierres ante emergencias, Lafuente ha señalado que ya están obligadas a tener planes de emergencia pero que hay que «saber coordinarlos a un nivel más grande», ampliarlos y «hacer mucha pedagogía» en la sociedad sobre los avisos de emergencia. Considera que «no está bien regulado lo que se tiene que hacer» y que «seguimos sin saber cómo gestionar una emergencia».
Sobre si debe haber una normativa que marque si las empresas deben cerrar y a partir de la cual funcionar, Lafuente ha insistido en que «la corresponsabilidad es de todos», aunque «lo que hay es insuficiente» y se «debe hacer una malla a través de las EGM, con los municipios, los polígonos y la propia Generalitat».
En la misma línea, el decano del Cogiti ha insistido en que el documento, en su punto 1, recoge la necesidad de una «corresponsabilidad social en la toma de decisiones» y enseñar a las personas, no solo en las escuelas sino a lo largo de toda su vida, qué deben hacer ante emergencias.
«Es fácil echarle la culpa a papá Estado, nosotros también tenemos que tener la responsabilidad de conocer cómo debemos actuar».
Además, el documento incide en la creación de censos municipales de personas con vulnerabilidad para garantizar su asistencia. Se destaca la importancia de disponer de canales de comunicación ágiles, que incluyan la lengua de signos, e incorporar la perspectiva de accesibilidad universal en la modificación de los planes urbanísticos.
Sobre la gestión de residuos, se solicita la implementación de un Plan Integral con un apartado de emergencias que concrete la forma de proceder. El documento también incide en recurrir a profesionales cualificados en la reconstrucción, con planes de formación para sectores donde falta personal.
En materia de infraestructuras y suministros esenciales, se propone repensar el emplazamiento de las instalaciones en altura, así como eliminar los centros de transformación en sótanos y determinadas instalaciones eléctricas de alta tensión en barrancos, y valorar la creación de normativa supralocal para la distribución del agua y el saneamiento al igual que existe a nivel energético.
Vicente Lafuente ha señalado que estas consideraciones, «después de tratarlas con el gobierno valenciano, sería importante trasladarlas al ámbito nacional», ya que «lo que ha pasado en Valencia no es algo local y exclusivo de nuestro territorio».
Cogiti y Femeval han subrayado su disposición para trabajar en las medidas con las administraciones y han pedido que «no se queden en un cajón» porque «no podemos permitirnos el lujo de cometer errores» y de su implementación «depende una buena parte del futuro de miles de personas y empresas».
Tras recibir las medidas, la consellera Marián Cano ha indicado que «trabajar sobre este documento va a ser una premisa básica» para la administración, tanto dentro de las competencias de su departamento como para la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación y el resto de la Generalitat. Así, ha señalado que se mantendrá un «diálogo abierto» y una «escucha activa» con todos los sectores.
Cano ha destacado la «eficaz respuesta» de la Generalitat con las empresas afectadas por la riada, con más de 76 millones en ayudas directas movilizadas. Asimismo, ha defendido la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes para garantizar el suministro energético en situaciones de emergencia, ha denunciado la paralización de obras hídricas urgentes y ha pedido que las ayudas por las inundaciones no tributen.
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