VALENCIA.- Este viernes, la jueza de la Dana emitió cuatro nuevos autos, uno de ellos dirigido a desestimar la solicitud del listado de llamadas de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, realizada por una de las acusaciones populares, la asociación Acció Cultural del País Valencià. Una petición que la jueza rechada porque supondría vulnerar el secreto de las comunicaciones, algo que sólo podría hacerse si se viera dolo en la actuación de los investigados, adelanta Valencia Plaza.
La magistrada no cree que su actuación pueda incardinarse "en un supuesto de dolo eventual que pudiera convertir los fallecimientos en homicidios dolosos, por lo que no procede" la solicitud realizada por la asociación. Sin embargo, sí insiste en que "el dolor y padecimiento de los familiares de las víctimas es patente, de imposible reparación" y que la investigación, a su juicio, "está revelando una negligencia grosera de los investigados".
En ese sentido, la titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja apunta que ambos responsables "ni siquiera han asumido a día de hoy quién debía ostentar la dirección de la emergencia, aunque sus propios actos en el Cecopi lo desmintieran, desplazan la responsabilidad a los técnicos y en general a cualquier persona o Administración que no les afecte".
La jueza también señala en el auto que tanto Pradas como Argüeso "se muestran ajenos a la normativa estatutaria, legal y reglamentaria que los convertía en garantes ante una situación de emergencia" como la que se vivió.
"Se retrasó el aviso a la población de una forma difícilmente soportable y explicable para los familiares de los fallecidos, el aviso remitido era evidentemente erróneo y se cruzaban o enviaban mensajes o comunicaciones por los investigados sin resultado material alguno para proteger a la población", insiste la magistrada al respecto, pero como se ha dicho, no ve dolo en sus actuaciones, esto es, una voluntad deliberada por parte de los investigados.
Lo que sí ha hecho la jueza es solicitar a Emergencias de la Generalitat Valenciana que identifique a las personas acreditadas para redactar y validar el mensaje de alerta a la población y la formación que habían recibido.
Así, acuerda a petición de la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos de oficiar a la Conselleria de Emergencias para que identifique a todas las personas que estaban acreditadas para redactar y validar los mensajes de Es-Alert a fecha de 29 de octubre de 2024, así como para que informe sobre la formación que habían recibido y cuáles de esos trabajadores se encontraban trabajando el citado día.
En la resolución, se recuerda que ya consta en el procedimiento, así como a la vista de las testificales practicadas hasta el momento, quiénes alerta a la población el día de la barrancada.
A juicio de la instructora, el medio utilizado para avisar a la población no es lo importante, "sino que el mensaje llegara a la población de forma correcta, fiable o a través de una autoridad de suficiente relevancia institucional que permitiera que la población tuviera conocimiento de la seriedad de la emergencia, del riesgo que afrontaba y de que debían de atenderse las instrucciones que se daban".
"Lo anterior, una aseveración de simple sentido común, se desprende incluso del propio mensaje remitido a las 20:11, que decía que había que estar atentos a futuros avisos.
Dichos avisos aparte del sistema Es-Alert podían llegar a través de fuentes oficiales, redes sociales, la radiotelevisión pública valenciana o cualquier otro medio generalista", añade la instructora. Cualquiera de estos canales habría servido para "ser transmisores de un mensaje que realmente salvaguardara a la población y que de hecho nunca llegó".
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