VALENCIA.- La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada por la gestión de la dana
del 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de
Valencia, ha ampliado la queja que presentó el pasado mes de mayo ante
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
por la instrucción que está llevando a cabo la jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Catarroja, con el objeto de
añadir la denegación de la transcripción íntegra y literal de la
declaración que realizó el 11 de abril.
Pradas, representada por el despacho Kepler-Karst Law Firm, cuestiona
la denegación de la transcripción «íntegra y literal» de la declaración
que realizó ante la instructora el pasado 11 de abril, «que se prolongó
durante casi tres horas y en la que respondió a aproximadamente 140
preguntas».
Según ha informado la defensa en un comunicado, «la transcripción
oficial se ha limitado a una versión resumida de 10 folios, sin incluir
las preguntas formuladas, ni determinadas citas legales y matices
presentes en las respuestas, aspectos que consideramos relevantes para
la defensa».
Asimismo, expone que, tras haber pedido la agrupación de las cerca de
40 acusaciones existentes en la causa, con el objetivo de «agilizar» el
procedimiento, la instructora ha habilitado un plazo «inexistente» en
la fase de instrucción para que las acusaciones populares y particulares
manifiesten los indicios de responsabilidad penal que consideren que
existen contra Pradas y el otro investigado, el ex secretario autonómico
Emilio Argueso.
A su juicio, esta actuación puede conllevar «un juicio anticipado de
culpabilidad impropio de la fase de instrucción». Al respecto, recalca
que ya se había concedido previamente un plazo de 15 días a las partes
para pronunciarse sobre la agrupación solicitada.
Esta ampliación de la queja se suma a los hechos previamente
comunicados al CGPJ el 14 de mayo de 2025 y que la defensa de Pradas
entiende que afectan a las garantías procesales y al derecho de defensa
de la exconsellera.
En ese primer escrito, apuntó que el derecho de defensa de su clienta
estaba siendo «gravemente afectado» por la forma en la que se está
conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, con
«irregularidades» que, a su juicio, «vulneran derechos fundamentales de
las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento».
Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas citaba en ese
momento la «existencia de resoluciones judiciales que contienen
afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente»;
predeterminación del objeto de la instrucción; denegación «reiterada» de
diligencias solicitadas por las partes; «limitación» del derecho de
defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas
«ajenas» al procedimiento judicial.
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