Así consta en una providencia de la magistrada, de fecha de este
miércoles, tras la decaración realizada este martes como testigo de una
técnica del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), que afirmó a la
jueza que la Conselleria de Medio Ambiente denegó el 28 de octubre, día
anterior a la riada, agentes medioambientales para vigilancia de
barrancos.
La testigo indicó, según fuentes conocedoras, que se solicitó
colaboración el día 28 para disponer de agentes medioambientales «por
precaución» ante la previsión meteorológica, aunque no se trató de una
petición que se cursara formalmente, y que se les denegó. Al día
siguiente recurrieron a los bomberos forestales.
La técnica señaló que en esa mañana se hicieron tres informes de la
emergencia y cree que en el tercero consta la activación de los
bomberos. Según su explicación, se les movilizó para que fueran a medir
los barrancos, una medida que se documentó con la apertura de un caso
«solamente» para esa colaboración.
«Los bomberos nunca pusieron qué brigadas iban a ir y el caso se
quedó en blanco», declaró, y agregó que ella hizo una llamada al
Consorcio sobre las 12.45 o 13.15 horas porque les solicitó que fueran a
medir a la escala de Paiporta y le respondieron que ya verían.
La testigo comentó que en su turno de trabajo no se volvió a hablar
con los bomberos para hacer seguimiento del control del barranco del
Poyo y dio por hecho que si no se les daba la orden de retirarse, no se
retiraban. Preguntada por si hubo una orden de desactivación, contestó
que, en su turno, no.
En la providencia de este miércoles la magistrada acuerda recabar de
la Conselleria de Emergencias la grabación de la llamada entre esta
técnica de la Conselleria de Emergencias y el Consorcio Provincial de
Bomberos, registrada en el Coordcom --la plataforma integrada de
respuesta a emergencias que coordinar y gestiona todo el proceso--.
A raíz de esa misma declaración, la instructora también ha decidido
que se remita un oficio a la Conselleria de Medio Ambiente a fin de que
acredite, en el plazo de tres días, «el modo o medio de comunicación que
se utilizó el día de la dana para realizar al director de la Agencia
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) el
ofrecimiento de agentes medioambientales para el seguimiento de caudales
en ríos, barrancos, sistema de regulación y zonas inundables», del que
consta una comunicación interna suscrita por el director general Luis
Gomis.
La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial
ha emitido una diligencia de ordenación por la que se fijan fechas para
las declaraciones de cuatro testigos, entre ellos, el próximo 20 de
noviembre, de este director general.
En el auto, la magistrada cita a otros testigos, tres trabajadores de
Emergencias: el operador de comunicaciones y emergencias de la AVSRE
que prestó servicio entre las 0.00 y las 7.30 del día de la dana; el
operador de comunicaciones de la SGISE que trabajó entre las 6.00 y las
23.59 horas y un trabajador destinado en la central de Coordinación de
Prevención de Incendios Forestales Sala de Emergencias (COIF).
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