martes, 4 de noviembre de 2025

La jefa de Emergencias aseguró a la jueza de la dana que ya el 28-O vieron claro que el episodio "iba más de barrancos"



VALENCIA.- La jefa de servicio de Coordinación de Emergencias desde noviembre de 2004 aseguró en su declaración del pasado 28 de octubre como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el día de antes de la riada, ante el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tomó la decisión de reunirse con el equipo técnico y personal de guardia para estar en preaviso y empezar a "tomar en consideración" el episodio que, al final, en ese día vieron "claro" que "iba más de barrancos que de otra cosa".

"Al final, el posible impacto que pueden tener en los municipios de aguas abajo se intensifica al intensificarse las precipitaciones de la tarde", dijo la testigo en su declaración ante la magistrada. De hecho, indicó que en esa reunión se plantearon que si llovía en cabecera, como indicaba el aviso de Aemet, "van a acabar llegando aguas abajo".

Asimismo, la jefa de Emergencias aseguró que ella tomó la medida de hablar con los agentes medioambientales --como criterio técnico porque pensó que era un recurso previsible a la vista de las alertas rojas-- y de decir que hubiera vigilancia de los bomberos --medición-- en barrancos en Paiporta, Picanya y Torrent, pero no le constaba ni a ella ni a sus compañeros, ni quedó registrado en los casos, ninguna comunicación de la desmovilización. El día anterior, según precisó, "tocaron todos los palos que estaban previstos en el plan" ante el aviso.

La testigo, que estuvo conectada al Cecopi como invitada ya que volvía al Centro de Coordinación de Emergencias para hacer el turno de la noche después de toda la mañana y quería saber qué estaba ocurriendo, explicó que hubo un primer correo electrónico a la sala con una propuesta de mensaje de Es-Alert por parte de un técnico, que fue hacia las 18.35 horas.

En ese momento, en paralelo, las personas que estaban conectadas al Cecopi también hablaban entre ellos, y en concreto, la responsable de la unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno le contactó para trasladarle que la situación requería el envío del ES-Alert.

Entonces, mandó un WhatsApp al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para preguntarle "¿y un Es-alert?, y él le respondió que lo estaban "gestionando". Finalmente, la alerta a la población se envió a las 20.11 horas.

La testigo, que no quiso entrar en temas técnicos, detalló que el 29 de octubre, en la plataforma del 112 la mañana transcurrió con la "normalidad de una gran emergencia" pero el "colapso fue durante la tarde".

 "Todos ellos tienen la referencia aproximada de que fue a partir de las 17h cuando se perdió el control de lo que estaba ocurriendo en la sala de atención de llamadas del 112 y empezó la avalancha de todo a la vez".

Durante su declaración, la testigo explicó que el día 28 tuvo una única comunicación con el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa junto con la exconsellera del ramo, Salomé Pradas, --Jorge Suárez estaba de vacaciones-- y fue a las 21.490 horas cuando le preguntó por la suspensión de colegios para el día siguiente por una información publicada.

"¿De esto sabemos algo? Es que la información que nos llega del 112 no es tan grave", le trasladó Argüeso, a lo que ella contestó que era una cancelación con carácter preventivo a la vista de los avisos de riesgos, y por la información de que el 29 podía ser el día "más desfavorable". 

Y le indicaba que algún ayuntamiento había consultado a la sala qué hacer. En otro momento de su declaración admitió que ella entendía esas medidas de suspensión, pero con los niveles amarillos que tenían el 28 no las hubiera tomado.

"Pero vamos, que es un poco exagerado el tema", le contesta Argüeso. En el día 29, ella le envía un primer mensaje a las 7.42 con la información de la emisión de un aviso nivel rojo y que están valorando pasar a situación 1 en la Ribera Alta porque empezaban a entrar incidentes de vehículos atrapados. 

"Avisar si lo hacéis", señala Argüeso, y hay uno posterior que le señala: "Decretarlo". y le comunica que llegará a las 12.30 al 112 con Pradas.

En un mensaje posterior le pide cómo está la situación para llegar a Xàtiva desde València "para Presidencia". Y la testigo le traslada que en la A7 hay un carril abierto pero que es mejor por ahí que por secundarias. "Se lo digo", le contesta.

La testigo detalló a la jueza que la emergencia se da cuando empieza a tener consecuencias sobre el territorio o las personas y que el grueso de las llamadas eran a las 6.30 de la Ribera; a las 12.30 empieza a ser significativo en Utiel y a las 16.15 otra vez en la zona del Júcar, cuando se emite la tercera alerta hidrológica. Los incidentes del Poyo en la zona de Chiva comenzaron a las 16.50. En el Cecopi no escuchó nada del barranco del Poyo.

En el momento en que llegaron Pradas y Argüeso al CCE, acababan de declarar las alertas hidrológicas y lo que más preocupaba o la novedad eran esas alertas. Para ellos, en ese momento, el disparador para declarar la alerta fue la recepción de la superación de los umbrales de caudal que les facilitó la Confederación Hidrológica del Júcar.

No obstante, para la testigo, el CCE tenía una información sobre los avisos meteorológicos en la dana de la Vega Baja de 2019 que en la de 2024 no tuvieron. "A lo mejor el episodio no permitía anticiparlo", dijo, pero consideró en el año 2019 tenían una información "de que el episodio era histórico" que en este caso no.

Asimismo, admitió que para el seguimiento de los barrancos, los datos de lluvia "son muy significativos" pero "merecen una interpretación". 

"Decir que esta lloviendo mucho o poco no significa decir si lo va a absorber el barranco, aguas arriba, aguas abajo, que capacidad tiene el barranco...", señaló, y añadió que esperaban el "juicio experto" de la CHJ "más allá de proporcionar datos". 

En esta línea, apuntó que no les gusta que les estén "inundando de datos cada cinco minutos" y ese día pensó que la CHJ haría la valoración de esos datos.

La testigo explicó que a las 15h del día de la dana "la situación era mala, pero empeoró", en una jornada en la que tenían el horizonte temporal de que para el aviso rojo la hora prevista de finalización eran las 18, lo que no quiere decir que "se hubiera hecho mal trabajo" sino que el trabajo de los predictores "se va actualizando".

Una acusación insta a la jueza de la dana a pedir los documentos que firmó Mazón en El Ventorro

Una de las acusaciones populares en la causa sobre la gestión de la dana, la que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha solicitado a la jueza que requiera a Presidencia de la Generalitat los documentos que, según la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, el ahora jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, firmó el día de la barrancada mientras se encontraba en el restaurante El Ventorro.

En un escrito fechado este martes esta parte expone que, en la comparecencia ante la magistrada de la comunicadora que comió el 29 de octubre de 2024 con el 'president', esta explicó que, "al poco tiempo de estar en el restaurante El Ventorro, su propietario hizo llegar al señor Mazón un sobre grande con documentos que le habían entregado para tal fin".

También declaró Vilaplana que Mazón "firmó varios de ellos y los devolvió" al responsable del establecimiento "para que los devolviera a la persona que los había llevado allí".

"Así, se nos traslada que el entonces 'president' de la Generalitat, procedió a firmar documentos que requerían su firma con urgencia, pues de lo contrario jamás se le habrían trasladado a esas horas y en ese sitio", argumenta la representación legal de ACPV, que apunta que, de acuerdo "al Estatut d'Autonomía, la Llei de Govern Valencià y los reglamentos orgánicos de funcionamiento de las conselleries se constata fácilmente que el 'president' tiene todas las competencias posibles delegadas en los diferentes departamentos y su firma únicamente es requerida para decretos leyes, decretos del Gobierno o decretos de Presidencia, tasados y que en ningún caso exigirían recabarla a las quince horas, y menos en un restaurante".

Por tanto, "y a fin de verificar" si la firma de documentos a la que asistió Maribel Vilaplana "puede tener relación con los hechos que se investigan al poder tratarse de documentos relacionados con la emergencia y pudieran tener relación con las dos personas investigadas", --la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el que era su 'número 2' Emilio Argüeso-- resulta "necesario averiguar qué se firmó a las quince horas del día 29/10/2024 por el expresidente de la Generalitat".

De este modo, esta acusación solicita que la jueza de Catarroja requiera de Presidencia de la Generalitat copia de los documentos firmados por Mazón.

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