VALENCIA.- El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista de las Corts Valencianes, Rafa Simó, ha denunciado «el pelotazo millonario que las concesiones sanitarias dieron en 2025 gracias a las liquidaciones anuales que el Gobierno de Mazón les aprobó sin esperar al dictamen del Consell Jurídic Consultiu y en contra del criterio de la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria, tal como revela la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización sobre el ejercicio de 2024», el primer año completo de gestión del PP y Vox en la Generalitat.
«Estamos ante una actuación irregular y un escándalo que no vamos a dejar pasar», ha aseverado Rafa Simó, que por ello ha solicitado la comparecencia urgente del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que aclare esta operación en la que, «aprovechando el efecto de la Covid, se han regalado decenas de millones a las empresas que han gestionado la sanidad de los valencianos como un negocio».
Además, el diputado solicitará la copia íntegra del expediente y los documentos de la Intervención de la Generalitat sobre las liquidaciones anuales de las concesiones de Elx-Crevillent, Horta-Manises, Dénia, Torrevieja y la Ribera, que han supuesto «un traje a medida» en favor de las empresas a las que el Consell del PP privatizó la sanidad de los valencianos y valencianas.
Simó ha censurado «el cinismo» del entonces presidente, Carlos Mazón, y del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que «han tenido la cara de sacar pecho en las Corts por haber firmado las liquidaciones pendientes hasta 2022 sin decir que habían premiado a las concesionarias con un sobreprecio escandaloso, y por eso son las únicas liquidaciones que las empresas no han recurrido».
El diputado explica que, tal como señala la Sindicatura, el Consell de Mazón «ha firmado unas liquidaciones anuales que incorporan una cuantía del coste de la atención sanitaria por habitante, la llamada cápita, que está muy hinchada por efecto del extraordinario gasto sanitario generado para hacer frente a la Covid en 2020 y 2021».
En ese sentido, ha apuntado que a raíz de un informe de 2012 del Consell Jurídic, la actualización anual de esa cápita --lo que se paga a las concesionaria en los departamentos privatizados-- «pasó a realizarse, no aplicándole el incremento del presupuesto de Sanidad de cada año, tal como establecen los pliegos, sino en función del aumento real del gasto sanitario».
Al respecto, ha explicado que el problema «surge a raíz de la Covid, que dispara el gasto en 2020 y en 2021». Sin embargo, «tal como señala la Intervención, esta era una circunstancia excepcional que, de asumirla, tendría impacto en ejercicios futuros y en las prórrogas de las concesiones», lo que supondría un «enriquecimiento injusto» de estas empresas a costa de la Administración, es decir, del erario público y de todos los valencianos.
Por eso, instaba a trasladar la situación al Consell Jurídic Consultiu y esperar a que éste se pronunciara.
«La Intervención era partidaria de modular estas cantidades para ajustar el efecto de los incrementos extraordinarios del gasto por el efecto de la Covid, advirtiendo que, si no se procede de esta forma y luego el CJC se inclina por corregir la cápita, obligaría a un procedimiento muy complejo para la propia Administración.
El Consell, sin embargo, no esperó al CJC para firmar las liquidaciones, que resultaron muy favorables para las empresas», ha reprochado.
Para el diputado socialista, el conseller de Sanidad actúa como «un agente comercial de las empresas privadas», a las que, por otro lado, «ha regado casi triplicando el coste de la privatización de operaciones al pasar de 22 millones presupuestados a 56 millones tras cuatro modificaciones al alza».
Simó insiste en que, con estos hechos, se evidencia una vez más «el compadreo del Consell del PP con la sanidad privada», hasta el punto de que «han tenido la cara de sacar pecho en las Corts por haber firmado las liquidaciones pendientes y ahora lo que vemos que es que lo que han firmado son pelotazos pendientes».
Por contra, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha replicado que «las liquidaciones sanitarias están fiscalizadas y resueltas con criterios técnicos y objetivos».
Al respetco, ha explicado que procedió a resolver liquidaciones de ejercicios pendientes con las empresas concesionarias «asumiendo la responsabilidad de un deber de la Administración y, en todo momento, ha liquidado siguiendo criterios jurisprudenciales y del propio Consell Jurídic Consultiu».
Además, ha asgurado que la Intervención de la Generalitat «siempre ha fiscalizado favorablemente» las liquidacione".
«La Administración no tuvo más opción que proceder a liquidar los ejercicios pendientes, teniendo en cuenta que no podía modificar un contrato de forma unilateral saltándose el dictamen del Consell Jurídic de 2012 que establecía el cálculo de la cápita», ha señalado.
En ese sentido, ha indicado que la Intervención «fiscalizó de conformidad todas las liquidaciones, haciendo la observación de que se realizara la consulta al Consell Jurídic respecto a la repercusión del gasto covid, ya que solo el CJC está legitimado para modificar el criterio de cálculo de la capita».
«La Conselleria realizó esa y, en función de su respuesta, esta Administración actuará en consecuencia para defender hasta el último euro de los valencianos. Eso sí, sin chapuzas ni atajos, como hizo el Botànic, que puedan dificultar posteriormente la defensa de los intereses de la Administración», ha garantizado.
De este modo, ha recalcado que «una vez más queda demostrada la transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de las liquidaciones practicadas por parte de la Conselleria, y cuya finalidad es garantizar que los valencianos no dejen de percibir ni un solo euro que les corresponda».
Martínez ha explicado que la determinación de la cápita que se debe abonar a las concesionarias es «un proceso totalmente objetivo, es un ajuste matemático, que no se negocia, al igual que las liquidaciones, en las que se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat».
Además, ha recalcado que «durante los ocho años del Botànic se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionarias, mientras que sólo en los 18 primeros meses de esta legislatura 23» y que «estas últimas liquidaciones se han resuelto con un saldo a favor de la Generalitat de más de 300 millones de euros».
«Por tanto no hay ninguna irregularidad ni ningún regalo o pelotazo. Lo que hay es cinismo e hipocresía por parte de los socialistas al hacer unas acusaciones gratuitas sin ningún fundamento», ha apostillado.
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