Miembros de la dirección de la empresa convocaron al comité de empresa de la compañía para comunicar a los representantes de los trabajadores su intención de presentar la solicitud de liquidación de la misma, alegando que "han estado aguantando pero no pueden hacer frente a las deudas contraídas", por lo que "antes de generar más, se veían obligados a solicitar la liquidación".
Al respecto, indicaron que permanecen "a la espera de lo que suceda" en la reunión que mantendrán con la dirección de la empresa el próximo 14 de octubre, encuentro al que confiaron "vaya el consejero delegado, Vicente Sáez Merino, y los directores generales, que son quienes han llevado a esta situación", a diferencia de lo ocurrido en la reunión de ayer, a la que "no fueron ni el gerente ni los directores generales, sino jefes de segundo nivel".
"A ver si dan la cara los responsables de la compañía", recalcaron las mismas fuentes, quienes avanzaron que pedirán "explicaciones" sobre "por qué se ha llegado a esta situación, y sobre todo, por qué después de tanto sacrificio nos encontramos con este final", con el objetivo de "a partir de ahí, ver el camino a seguir".
Solicitarán asimismo detalles acerca de "las condiciones en que quedan esos trabajadores" afectados por el cierre de la compañía, además de interesarse por el efecto que tendrá esa liquidación sobre los pagos aún pendientes a los trabajadores que vieron extinguida su relación laboral por anteriores expedientes de regulación.
La solicitud de liquidación de esta emblemática firma valenciana, que comercializa las marcas Lois, Cimarron, Caroche y Caster, supone el desenlace del proceso iniciado en 2004 con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción de los contratos de 541 trabajadores, dedicados todos ellos a la confección, y pertenecientes a los centros valencianos de Carcagente, Torrente, Benaguacil y Ayora, y al de Casas Ibáñez, en Albacete.
Posteriormente, vivió su segundo episodio en 2006, cuando el grupo textil valenciano solicitó la declaración de concurso de acreedores a fin de "negociar su pasivo y poder acometer un plan de reorganización capaz de garantizar la continuidad de la empresa" y poner fin a la situación de "pérdidas" que se remontaba a 2004.
En ese mismo año, presentó otro ERE dentro del procedimiento concursal en que estaba inmersa, y que finalmente afectó a 427 trabajadores frente a los más de 600 previstos, una rebaja que fue "forzada en parte" por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat por entender que "en la Comunidad Valenciana tenía que haber un centro de producción".
En abril de 2008, Sáez Merino anunció un nuevo Expediente de Regulación de Empleo que supuso la extinción de los contratos de otros 126 trabajadores, lo que redujo su plantilla a un total de 342 empleados, cerca de 90 en el centro de Daimiel y el resto en el complejo de Benaguacil, que aglutinaba prácticamente todos los servicios de la compañía.
El alcance de este último ERE fue especialmente relevante en la matriz de confección del grupo, Sáez Merino Sewing SAU, ya que afectó a 91 de sus trabajadores, mientras que el resto pertenecían a las divisiones de logística y oficinas.
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