Los portavoces de la plataforma anunciaron hoy en rueda de prensa que han enviado "esta misma mañana" un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear, y en concreto a su presidenta, Carmen Martínez Ten, para denunciar la ubicación del centro --que tiene previsto adjudicar en enero el proyecto técnico--, ya que consideran "incompatible" una zona de emergencia nuclear con un centro penitenciario "donde la población reclusa está sujeta a unas medidas estrictas de seguridad y de restricción de sus movimientos".
Uno de los portavoces Joaquín Rodrigo que compareció junto a sus compañeros Julia Sanz y José Juan, afirmó que se trata de una situación "sin precedentes", y por ello explicó que en este escrito preguntan al Consejo de Seguridad Nuclear por las competencias en cuanto a la ocupación y uso de esta zona de planificación, además de las medidas que habría que adoptar, en caso de que se ubicara el centro penitenciario, "ya que actualmente el Penva no contempla esta posibilidad", indicó.
Joaquín Rodrigo señaló que la decisión de colocar la cárcel en este entorno --la partida del Campillo, al sur de la autovía A3, entre las dos carreteras de acceso a la población de Siete Aguas-- es un "gravísimo error", ya que "en caso de producirse un pequeño incidente nuclear, que diera lugar a una nube tóxica, tendría que llevarse a cabo la evacuación de la cárcel", indicó.
Además, según Rodrigo, sería necesaria una actuación "de máxima seguridad" y "en corto espacio de tiempo, que implicaría evacuar a más de 2.000 reclusos, más los funcionarios de prisiones y el personal que estuviera trabajando en en centro", matizó.
Por otro lado, los representantes de la plataforma estimaron que además del "riesgo nuclear", la ubicación de esta cárcel conlleva un "riesgo forestal", ya que la zona elegida está calificada por la Conselleria de Medio Ambiente como de "riesgo extremo de incendios".
"Se trata de un pequeño valle rodeado de 25.000 hectáreas entre los términos de Requena, Buñol y Siete Aguas, que linda con el paraje natural protegido del Villingordo, de las pocas áreas que no han sufrido incendios", explicó Rodrigo.
A este respecto, el portavoz advirtió de que, según los técnicos forestales consultados, la implantación del centro en este paraje es "una locura" y una "irresponsabilidad", ya que un incendio en algún punto de esa masa forestal, "si se dan determinadas condiciones meteorológicas, como vientos de poniente, altas temperaturas o humedad relativa, podría tener gravísimas consecuencias para la seguridad de los reclusos y de los trabajadores, sobre todo por la concentración de humo, que llevaría también a la evacuación del establecimiento penitenciario", alertó.
En este sentido, Rodrigo recordó el incendio del año 1994, cuando se tuvo que proceder a la evacuación de la población de Siete Aguas.
Los portavoces de la plataforma criticaron que estos dos riesgos, tanto el forestal como el nuclear, demuestran que esta ubicación "no ha sido convenientemente analizada ni estudiada".
Por ello, criticó las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, "quien la semana pasada manifestó que no se hacen inversiones de 130 millones de euros alegremente".
No obstante, Rodrigo apuntó que "tanto al este como al oeste de esta masa forestal puede haber ubicaciones alternativas donde no se den estas condiciones".
En este sentido, desde la plataforma vecinal reconocieron que "existe una saturación de las cárceles españolas" y que es "necesario" construir nuevas prisiones, "pero la elegida en Siete Aguas es un auténtico error y si se acaba instalando, será con la responsabilidad personal de los que tomen la decisión o de los que guarden silencio", criticaron.
Además, recordaron el incendio de Guadalajara del pasado 2005, y aseguraron que los técnicos "que son los que firman los planes de emergencia, tendrán en cuenta este grave suceso".
Por todo esto, la plataforma anunció que va a enviar más escritos de denuncia a "todas las autoridades competentes", desde Instituciones Penitenciarias, hasta las consellerias de Gobernación, Justicia y Medio Ambiente.
En este sentido, indicó que "la responsabilidad y competencia respecto a la protección de la masa forestal, medioambiental y de los planes de evacuación, corresponde a la Generalitat Valenciana".
No obstante, señaló que "hasta la fecha, no ha tenido ningún pronunciamiento". Asimismo, Rodrigo señaló la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Maria Ángeles Ureña, "nos manifestó que en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, no se ha recibido ningún proyecto, por lo que no es posible estudiar el impacto ambiental o forestal".
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