Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Valencia, en la fiesta llegaron a concentrarse entre los días 1 y 2 hasta 5.000 personas. No se ha registrado ningún incidente.
La noche del 31 de diciembre está en el calendario de los practicantes de las fiestas rave. Lo que no es fijo es el emplazamiento. La convocatoria se realizó por mensaje de móvil. Los convocantes, todos los grupos que habitualmente organizan encuentros de ese tipo. Los asistentes, de toda España, e incluso de fuera: franceses, portugueses o italianos.
La fiesta empezó a la una de la madrugada del 1 de enero. En muy pocas horas, y cuando ya las fuerzas de seguridad se percataron de la concentración, en la vieja cementera había 3.000 personas. En los alrededores de las instalaciones, abandonadas desde hace años, con una frágil valla metálica para disuadir de la entrada y parcialmente fracturada, 600 coches, decenas de furgonetas y varios centenares de motos, daban idea desde fuera del alcance de la concentración de la macrofiesta.
La Guardia Civil ha sido la encargada de velar por la seguridad de un evento ante el que la prudencia aconsejó no intervenir, sino cortar el paso para que no creciera la concentración de gente y esperar una disolución natural.
El jueves día 2, en la rave de Buñol había miles de personas. Efectivos de la Agrupación de Requena y de Tráfico de la Guardia Civil cortaron desde ese día los dos accesos directos a la cementera, situada en un polígono industrial de Buñol alejado del casco urbano. No se permitía el paso a nuevos asistentes y el que salía de la rave no podía regresar a ella. De ese modo, el paso de las horas fue haciendo que la fiesta siguiera un curso lógico y comenzara a disminuir el número de participantes.
El viernes por la noche eran alrededor de 400 jóvenes los que aún permanecían en la cementera de la localidad de Buñol. Y ayer por la mañana, apenas quedaban cien. La Policía Local de Buñol también articuló un sistema de seguimiento en la población por si quienes abandonaban la fiesta ilegal se desplazaban al centro del municipio.
Hasta que Cemex presentó la denuncia ante el puesto de la Guardia Civil, las infracciones cometidas por quienes organizaron el evento eran puramente administrativas. Sin embargo, la empresa cementera denunció la ocupación ilegal de una propiedad privada, lo que constituye una infracción penal. El principal obstáculo para imputarla a alguien es que no hay una constancia de quién o quiénes organizaron la cita.
No es, como corresponde al movimiento rave, una convocatoria ortodoxa y pública, sino que se hace por canales protegidos, persona a persona y de forma cuidadosamente impermeable. La Guardia Civil se proponía ayer identificar a quienes llevaron la instalación acústica, que hizo audible la música a gran distancia de la cementera. Supuestamente fue un colectivo catalán.
Los participantes obviaron el riesgo que suponía la ocupación de unas instalaciones en franco deterioro y sin ninguna seguridad para transitar por ellas. Al cierre de esta edición, no se tenía constancia de que dentro de Cemex se hubiese producido incidente alguno.
Pero hoy la Guardia Civil ha desalojado de las instalaciones a los jóvenes que todavía permanecían en el interior.
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