Sánchez de León hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser inquirida sobre la intención de los grupos de la oposición en las Corts de presentar una enmienda al proyecto de ley para reclamar la inclusión del requisito lingüístico.
Para la también consellera de Justicia y Administraciones Públicas, se trata de una "incoherencia por parte del PSPV y de los sindicatos que se han manifestado al respecto", ya que, según explicó, el texto fue "pactado con los representantes sindicales" el mes de julio del año pasado.
En concreto, se refirió al "acuerdo básico" sobre el borrador del anteproyecto en que se respaldaba que el valenciano tuviera "especial dedicación en la fase de carrera profesional y se iba a exigir el conocimiento una vez se hubiera accedido a la función pública".
Por ello, "ante un cambio de criterio o una posición distinta, el Consell no lo va a apoyar ni respaldar, porque vamos a seguir manteniendo los acuerdos a los que siempre llegamos".
El Consell aprobó hoy el proyecto después de que el Consejo Económico y Social emitiera su informe sobre el mismo y hace unas semanas lo hiciera también el Consell Jurídic Consultiu. Al respecto, aseguró que el texto ha asumido las "cinco observaciones esenciales" que hace este último organismo que, aunque no matizó cuáles eran, "no afectan a cuestiones fundamentales, sobre todo a la consideración de algunos organismos estatutarios como el Consell Valencià de Cultura o la Acadèmia Valenciana de la Llengua"
La entrada en vigor de esta ley afectará directamente a los 17.000 empleados públicos de la Administración del Consell y a cinco millones de ciudadanos que son usuarios de la misma. Además, beneficiará a unos 190.000 empleados públicos de toda la Comunitat, lo que contribuirá a reforzar la igualdad de trato de la ciudadanía independientemente de la administración a la que se dirija.
Según explicó la consellera, el conjunto de medidas que se plantean con esta norma están orientadas a la consecución de una mayor profesionalización del empleo público, que redunde en beneficio de la ciudadanía, para lo que se diseñará un modelo de promoción que valore la conducta y actuación profesional y de un sistema de formación acorde con estos planteamientos.
El segundo objetivo se basa en profundizar en la mejora de las condiciones personales y profesionales del empleado público, haciendo compatible su dedicación profesional con su vida personal y familiar, lo que genera un vínculo bidireccional y refuerza el compromiso y la implicación de las y los profesionales con una organización sensible a sus necesidades.
Además, se elevan a rango de ley medidas de carácter social, como una reserva para personal discapacitado de un 7 por ciento de las plazas vacantes (antes 5%), la protección de las víctimas de violencia de género o elaboración de planes de igualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, se establecen medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tales como la ampliación de dos a tres años del período de reserva de puesto en la excedencia por cuidado de familiares o el estudio para la implantación del teletrabajo. También se reconoce el derecho de la mujer a su protección o a la asistencia social integral mediante la regulación del traslado por violencia de género.
Al mismo tiempo, se incorpora un catálogo o código ético y se regula la formación adaptada al nuevo modelo de función pública. También una novedad, como el nuevo sistema retributivo para los funcionarios públicos, con la introducción de una retribución complementaria vinculada a la carrera profesional horizontal.
La entrada en vigor de la clasificación, según los nuevos grupos y subgrupos profesionales, está condicionada a la implantación de las nuevas titulaciones universitarias como consecuencia del Espacio Europeo de Educación Superior.
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