VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, anunció hoy que ha dirigido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que "dé cumplimiento a la orden del Ministerio de Cultura", que recordó que en su día fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y notificada al consistorio, y en el que se le requiere para que se abstenga "de llevar a cabo la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en el barrio de El Cabanyal".
"Sin perjuicio del recurso que ayer presentó la Delegación del Gobierno ante los tribunales pidiendo que, con carácter cauteladísimo, suspendiera la ejecución de derribos en el barrio de El Cabanyal, en el día de hoy esta Delegación de Gobierno ha dirigido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia" para pedirle que se abstenga de ejecutar el PEPRI, según unas declaraciones facilitadas por la Delegación.
"Creo que ese cumplimiento de la legalidad es la primera obligación que debemos tener las administraciones, todas las administraciones y, en concreto, el Ayuntamiento de Valencia como se indica expresamente en la orden del Ministerio de Cultura", manifestó.
Peralta sostuvo que "haría bien, por tanto, el Ayuntamiento de Valencia en dar cumplimiento a esa orden y, aunque fuera sólo con carácter temporal, no llevar a cabo ningún derribo hasta que no haya pronunciamiento judicial instado por esta Delegación de Gobierno". Para el delegado del Gobierno, ésta sería "una posición responsable, razonable y de cumplimiento de la legalidad".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, criticó hoy la actitud de la administración central respecto a El Cabanyal, ordenando a través del Ministerio de Cultura la paralización del PEPRI por considerar que supone expolio, sin respetar las competencias de la Comunitat, precisó.
Dijo que el Gobierno "se ha excedido más allá de sus límites" en este sentido, dado que "no tiene nada que decir en la zona no BIC" de este barrio. Barberá destacó que esta norma "tiene mayor rango que la orden ministerial" para paralizarlo.
Y citó las "doce" sentencias que la respaldan, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo, y "dos de ayer", dijo. Recordó que estas últimas son las emitidas para rechazar la petición hecha por Salvem El Cabanyal y la Delegación del Gobierno de paralizar "cautelarísimamente" los derribos.
Barberá, que sostuvo que de este modo "se reconoció la legalidad" de estos trabajos, indicó también que las demoliciones cuentan con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Valencia. Aludió, en este sentido, al acuerdo plenario, aprobado por el PP y el PSPV, para no hacer derribos en la zona declarada BIC, "en tanto en cuento los tribunales de justicia se pronuncien" al respecto.
Explicó que este acuerdo contemplaba la posibilidad de acometer derribos en el ámbito no BIC y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, contemplada en el PEPRI. La alcaldesa señaló que no entiende, "por tanto", la posición de los socialistas, de "votar una cosa" y manifestar otra ayer, al oponerse a las demoliciones.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, criticó hoy la actitud de la administración central respecto a El Cabanyal, ordenando a través del Ministerio de Cultura la paralización del PEPRI por considerar que supone expolio, sin respetar las competencias de la Comunitat, precisó.
Dijo que el Gobierno "se ha excedido más allá de sus límites" en este sentido, dado que "no tiene nada que decir en la zona no BIC" de este barrio. Barberá destacó que esta norma "tiene mayor rango que la orden ministerial" para paralizarlo.
Y citó las "doce" sentencias que la respaldan, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo, y "dos de ayer", dijo. Recordó que estas últimas son las emitidas para rechazar la petición hecha por Salvem El Cabanyal y la Delegación del Gobierno de paralizar "cautelarísimamente" los derribos.
Barberá, que sostuvo que de este modo "se reconoció la legalidad" de estos trabajos, indicó también que las demoliciones cuentan con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Valencia. Aludió, en este sentido, al acuerdo plenario, aprobado por el PP y el PSPV, para no hacer derribos en la zona declarada BIC, "en tanto en cuento los tribunales de justicia se pronuncien" al respecto.
Explicó que este acuerdo contemplaba la posibilidad de acometer derribos en el ámbito no BIC y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, contemplada en el PEPRI. La alcaldesa señaló que no entiende, "por tanto", la posición de los socialistas, de "votar una cosa" y manifestar otra ayer, al oponerse a las demoliciones.
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