Así, el concejal del PSPV Juan Soto anunció la presentación de una moción al respecto al próximo pleno municipal e informó de que la Comisión de Vivienda, Grandes Proyectos y Urbanismo celebrada ayer otorgó licencia al Ministerio de Defensa para retirar los símbolos de la dictadura ubicados en los edificios de Capitanía General y del Gobierno Militar.
"Sería deseable que Barberá tomara esta iniciativa por convicción democrática, pero hasta ahora ha sido imposible lograr su condena política a la dictadura. Por ello, si no quiere hacerlo desde la convicción, que lo haga al menos desde su responsabilidad como alcaldesa y en cumplimiento de la ley", afirmó el representante socialista.
Soto recordó que, de hecho, la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007, establece en su artículo 15.1 que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
Por tanto, explicó, "no se trata de algo discutible que dependa de la voluntad de cada gobernante, sino que es un imperativo legal retirar los vestigios anacrónicos de exaltación de un régimen autoritario y dictatorial y sustituirlos por símbolos democráticos".
Tanto es así --subrayó-- que el Gobierno ya ha obtenido licencia para intervenir en el edificio de Capitanía General, donde ya ha retirado la estatua ecuestre y donde se retirará el escudo franquista y de sustituirá por uno constitucional, y Gobierno Militar, donde se eliminarán los elementos anticonstitucionales del escudo, como el águila de San Juan y el yugo y las flechas, y se añadirá la flor de Lys.
Además, el Gobierno retirará de la Capilla de San Vicente Ferrer, en el edificio de Capitanía, una lápida de mármol en la que se lee: "Esta capilla fue profanada y utilizada como polvorín por los marxistas (1936-1939) y restaurada por las fuerzas nacionales. A la liberación de Valencia, en desagravio al santo que habitó esta celda capilla y en memoria de nuestros caídos se dedica esta lápida. Valencia, 18 de julio 1943".
"El Gobierno ya ha cumplido su parte. Ahora le toca a Barberá", consideró Soto, para quien la retirada de símbolos "debería ser un proceso natural, pacífico y sin trauma, desde la aceptación de la simbología democrática".
"Cada vez más gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular aplican de manera normalizada la ley tanto en la retirada de simbología como de honores a Franco. Barberá esta cada vez más sola dentro de su propio partido", lamentó Soto.
El edil censuró que en la ciudad "perduran numerosos símbolos de la dictadura", como los escudos ubicados sobre las puertas principales de los colegios públicos Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera, el monolito situado en el grupo de viviendas Antonio Rueda, la cruz en memoria de los caídos ubicada bajo el arco de la plaza del Mar, o los escudos ubicados sobre los rótulos de las calles Colón, Marqués de Dos Aguas.
El representante socialista consideró "especialmente grave" la presencia de los escudos en colegios, "pues los centros educativos son espacios en los que los niños y niñas crecen y se forman en libertad y en democracia y respeto a los derechos humanos, por lo que carece de sentido que convivan con símbolos que agreden la conciencia democrática y representan la censura, la falta de libertades, la persecución, la tortura y que tienen un encaje imposible en una ciudad democrática", defendió.
"El gobierno municipal de Barberá no puede continuar siendo un reducto de resistencia que se niega a condenar la dictadura franquista, a aplicar la ley y a normalizar la simbología democrática", afirmó el edil, para quien "la simbología de un país democrático como España tiene que estar plenamente identificada con los valores de la libertad, los derechos humanos, el respeto y la dignidad".
"Ya no puede alegar el valor patrimonial de los inmuebles en los que se ubican los escudos. El edificio de Capitanía General está declarado Bien de Interés Cultural y aún así el Gobierno ha demostrado que se puede retirar el escudo", concluyó.
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