VALENCIA.- El equipo de arqueología y bioantropología Grupo Paleolab ha concluido el estudio de los restos de 17 represaliados del franquismo encontrados en fosas "ilegales" de las localidades de Albalat y Benagéber. Con estos trabajos, las primeras familias valencianas tienen por fin constancia de donde están sus difuntos desaparecidos de forma "forzosa" y, "por primera vez, pueden cerrar la herida".
Tras una larga labor de búsqueda impulsada por la asociación La Gavilla Verde y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés, junto al Grupo Paleolab, los resultados de los análisis de laborario se expondrán en un "demoledor" informe científico que se dará a conocer el lunes 8, "en términos estrictamente forenses y judiciales" que sacará a la luz "sadismo" con el que estas víctimas fueron asesinadas, como "prueba de un delito" ante un juez, que no podrá "inhibirse".
Así lo anunció este jueves el coordinador de Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés, Matías Alonso, en una rueda de prensa junto al presidente de la asociación de familiares de Benagéber, Miguel Garrido, hijo de uno de los represaliados localizados en este estudio.
Un trabajo que no ha hecho más que empezar, y que con la subvención de carácter anual de 56.400 euros que el Ministerio de la Presidencia acaba de conceder al Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, éste pretende realizar, por primera vez, un listado de fosas de la Comunitat Valenciana. Una "ardua labor" en una región "salpicada por entierros ilegales" que empezará este año por Valencia, donde existen "oficialmente" 83 fosas, y quiere extender más tarde a Castellón y Alicante.
Además de las fosas conocidas, puede haber "bastantes más" ha augurado Alonso, pues cuando en los primeros años de posguerra se contabilizaron 35 campos de concentración y 113 lugares utilizados como centros de detención en la Comunitat, con lo que la cifra real estaría entre las 100 y 150 fosas, que ahora se quieren localizar, así como "devolver el nombre" a quienes yacen en ellas.
"Los mismos huesos son los que están hablando" y gracias a los restos de las 17 primeras víctimas identificadas, se descubrirá en un informe "la verdad" de lo que pasó con aquellas personas "desaparecidas forzosamente" y "asesinadas impunemente" en los años posteriores a la Guerra civil, "al abrigo de los bosques".
Así mismo, el informe dejará clara la "colaboración de autoridades de la época, alcaldes y párrocos, que permitían entierros ilegales en su demarcación", ha avanzado Alonso, quien ha hecho un llamamiento para que las autoridades actuales ayuden a "reparar el daño de sus predecesores".
En este sentido, ha destacado que en Benagéber, "por primera vez" un alcalde ha autorizado las ocho exhumaciones realizadas, al tiempo que en Albalat, la diócesis la que ha dado su beneplácito, ha valorado. En esta última, se ha comprado un nicho donde figurarán los nombres de los represaliados. Se trata de dos hitos que "refuerzan" su labor para seguir con las restantes peticiones "en esta vía", que según Alonso, es una "labor de servicio público esencial que deberían acometer los gobiernos autonómicos", ha puntualizado.
Del mismo modo, ha criticado que "tradicionalmente, la judicatura ha sido un "problema" y no quiere ayudar en cuestiones de memoria histórica, como tampoco una parte de la derecha que "sigue hostil".
Entre los familiares que podrán dar descanso a los restos de sus familiares, Miguel Garrido ha celebrado que por fin podrá enterrar a su padre, trabajador del pantano de Benegéber y republicano, pero nunca guerrillero, y llevar su cuerpo junto al de su madre en el pueblo de Landete, además de darle una misa.
"Sólo pedimos justicia", ha manifestado Garrido, quien ha lamentado que personas como su padre, --según las conclusiones que revela el informe que se presentará este lunes en la Universitat de València--, fueran asesinadas "con varios tiros en las piernas y los brazos para que murieran lentamente, algunos de ellos, con hasta 30 tiros en el cuerpo, ha precisado.
Ante esta situación, Miguel Garrido ha dicho sentirse "muy mal" porque las asociaciones de víctimas de terrorismo, como las víctimas de ETA, "insulten y amenacen" a un juez como el de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, suspendido tras abrirse una causa contra él por presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo.
Según Garrido, las víctimas de estos delitos de terrorismo desde el primer momento han tenido "reconocimiento económico y moral", mientras los "hijos, nietos y viudas" de los asesinados durante el franquismo "hemos sufrido la discriminación, y hemos sido tratados como si fuéramos deshechos", ha lamentado.
Por ello, este tipo de asociaciones "deberían callar la boca y respetar nuestro dolor y el dolor de nuestras víctimas, que no hemos tenido ninguna ayuda".
"Mal murieron sus familiares, pero los nuestros también" y "solo pedimos justicia", ha concluido.
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