MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha calificado de "irresponsables" las declaraciones en las que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reclama la apertura de un debate sobre la independencia judicial en relación con la imputación del presidente Francisco Camps en el 'caso Gürtel'.
En una nota remitida este miércoles, la asociación progresista de jueces señala que las palabras de la primera edil de Valencia "suponen un profundo desconocimiento de la realidad democrática de la carrera judicial y un desprecio intolerable a los principios democráticos que sustentan el Poder Judicial".
"No nos corresponde entrar a enjuiciar los concretos casos que están siendo objeto de instrucción por posibles corrupciones políticas, ni caeremos en prejuzgar los mismos, si bien sería exigible de la clase política que asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del Poder Judicial", agregan.
A juicio de JpD, el principio de independencia judicial es un fundamento de la democracia y un sistema de control del poder con fundamento en las raíces del constitucionalismo europeo. Por ello, consideran que someter a debate ese principio es someter a debate el propio Estado de Derecho.
"Cuando esas peticiones se hacen desde instancias de poder político, suenan a reclamaciones de impunidad y a quejas por lo molesto del control al que la ciudadanía les ha querido someter al aprobar el texto constitucional", agrega JpD, que recuerda que "la Judicatura sí ha pasado la transición, se ha empapado de valores constituciones y, en todas sus instancias, hace mucho tiempo que se ha convertido en un garante activo y básico del texto constitucional".
Por todo ello, y "ante los sucesivos cuestionamientos del carácter constitucional de todo el Poder Judicial", la asociación de jueces proclama su profundo "compromiso con la Constitución".
En la nota, JpD insiste que "cuestionar el principio de independencia, atacar personalmente a quienes ejercen las funciones judiciales o atribuir, sin más prueba que la normal actuación de los órganos judiciales, oscuras intenciones, no es participar en un debate, sino anular el debate".
Finalmente, la asociación ha manifestado su solidaridad con "los compañeros atacados" del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y se muestra segura de que "permanecerán en su defensa de los valores democráticos y que ejercerán sus funciones con responsabilidad e independencia".
Este martes, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, calificó también de "inadmisibles" las manifestaciones de Barberá y reclamó "respeto y responsabilidad" a la clase política respecto del Poder Judicial en su conjunto.
Bravo manifestó que el debate sobre este asunto habría que centrarlo en lo que realmente está ocurriendo, que es la imputación de un delito al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. "La sociedad no está cuestionando la independencia de los jueces", señaló.
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