VALENCIA.- La fiscal jefe de la provincia de Valencia, Teresa Gisbert, ha indicado que el ministerio público recibe todos los días varias denuncias interpuestas por diferentes grupos políticos "y puede que éstas aumenten de cara a las elecciones".
Gisbert ha concretado que los autores de estas denuncias son políticos que pertenecen a partidos en diversos ayuntamientos u otras instituciones, y sus escritos "van en ambas direcciones --por parte de los que están gobernando y por parte de la oposición--" y "son de todo tipo", ha puntualizado.
La fiscal jefe ha señalado que "puede ser" que estas denuncias se incrementen de cara al periodo electoral, pero ha matizado que "la vara de medir del fiscal es siempre la misma", y "si las denuncias no tienen ninguna base ni fundamento, se rechazan", mientras que si se aprecian indicios de delito, "se decide actuar objetivamente".
Ha indicado que ella, como fiscal jefe, es la encargada de abrir y cerrar las diligencias de investigación penal de este tipo, con independencia de que éstas hayan sido tramitadas por otro fiscal al que le corresponde por turno --o bien en función de la especialización, o bien por una lista que porta un gestor del ministerio público--. De esta manera "se garantiza la objetividad", ha subrayado.
En este sentido, al ser preguntada por si cree que la justicia está politizada, ha respondido: "rechazo de pleno cualquier insinuación de que la Fiscalía tenga una distinta vara de medir o que actúe de una manera distinta en función de la significación política de la persona a la que se refiere", mantiene.
Así, Gisbert ha recordado que la Fiscalía "está sujeta al principio de legalidad y actúa siempre en base a la ley, con independencia de la adscripción política o de la persona que se trate", ha puntualizado. Por ello, entiende que "insinuar que el fiscal recibe indicaciones por parte de alguien respecto a la manera de actuar en un caso concreto, es desconocer la realidad legal y la realidad personal de los fiscales".
La fiscal jefe ha insistido en que el fiscal "se rige por el principio de legalidad", y ha señalado que "existen sobrados mecanismos legales para que ningún gestor pueda imponer a ningún fiscal una actuación contraria a la legalidad en un procedimiento determinado".
"Nosotros --ha agregado-- solo distinguimos si hay indicios de delito o no, y es algo por sentido común".
"En estos momentos hay un gobierno autonómico y otro nacional, y el ministerio fiscal es el mismo desde hace mucho tiempo", por lo que a su juicio "pretender que cada vez que cambie el gobierno, se tenga que modificar también la forma de actuar de los fiscales, es desconocer la realidad".
Gisbert ha manifestado que le produce "tristeza" este asunto de la politización de la justicia "porque se hace daño a una institución que es de todos, que es fundamental en el Estado, y porque se hace daño a la justicia y se crea una desconfianza que no responde a una realidad", ha apostillado.
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