VALENCIA.- Amnistía Internacional ha denunciado este lunes, Día Internacional del Refugiado, la situación de "desprotección" de los polizones que llegan en barco en la Comunitat Valenciana ya que, según ha asegurado en un comunicado, la Delegación de Gobierno "no facilita en la mayoría de los casos, la asistencia letrada" y se desconoce el número de personas que accede a los puertos de la autonomía de esta forma y las condiciones en que se encuentran porque "no se facilitan cifras concretas".
AI se ha mostrado "preocupada" por la "falta de información" que existe en la Comunitat Valenciana sobre los polizones que pueden llegar en barcos a los puertos de la Comunidad. "En los puertos de Sagunto y Valencia atracan numerosos barcos procedentes de África, y se encuentran a bordo polizones en muchas ocasiones, a los que no se les permite bajar ni tener asistencia de un interprete ni de un abogado", ha afirmado.
Asimismo, ha subrayado que tampoco se conoce el "número exacto" de extranjeros que viajan como polizones en barcos que atracan en la comunidad, ni su estado de salud, edad o situación.
La asociación ha recordado que el pasado 14 de junio un pescador descubrió a cinco polizones nadando cerca del club náutico, que al parecer procedían de algún barco que había arribado a la Comunitat. Los polizones fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Zapadores donde han declarado imputados por un delito.
En este caso, los polizones han tenido asistencia letrada y asistencia médica. No obstante, "en la mayoría de los casos sigue sin existir asistencia de los abogados de extranjería a las personas que viajan como polizones, porque ni la Policía portuaria ni Delegación de Gobierno llama nunca a los letrados de guardia para estas asistencias".
Según AI, ya en el informe 'El asilo en España: una carrera de obstáculos' de 2001 se denunciaba la falta de asistencia letrada "como práctica irregular" en el caso de los polizones y se destacaba "los riesgos que suponen para la vida de los polizones las graves multas que la legislación vigente impone a las compañías transportistas por llevar viajeros sin los documentos adecuados, obligándoles además, a sufragar los gastos de alojamiento y repatriación".
En algunos casos las compañías han descontado parte de los gastos del transporte de polizones, de los sueldos de capitanes y tripulación, una situación que repercute en el trato que reciben. De hecho, algunas organizaciones "han denunciado casos en los que éstos han sido arrojados al mar".
Amnistía Internacional-Comunidad Valenciana considera "indispensable" que se permita el acceso al barco de un abogado y un intérprete que puedan prestar asistencia a los polizones. Además, se debe "ordenar el desembarco de las personas que soliciten asilo antes de que el buque continúe su viaje, facilitando así la adecuada protección a los refugiados", ha recalcado.
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