VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa pública
Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), adscrita a la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que afecta
a 278 trabajadores, al considerar que "no se negoció de buena fe".
Contra la sentencia cabe recurso de casación, aunque fuentes del
Gobierno valenciano han explicado que se trata de un
asunto que tiene que estudiar la Abogacía de la Generalitat.
De esta manera, se admite en la sentencia fechada el pasado 23 de
abril la demanda del comité de empresa y de la agrupación de
trabajadores 'Colectivo de Personal Administrativo y Técnico' (CPAT)
contra Vaersa y la Corporación Pública Empresarial. A estas demandas se
acumularon las presentadas posteriormente por UGT y CCOO, según la
sentencia facilitada por el sindicato UGT PV.
Los demandantes consideran que la decisión del ERE no se negoció
"de buena fe" y se adoptó con "fraude, dolo, coacción o abuso de
derecho". Además, argumentan que hubo "retraso deliberado" en el inicio
de la tramitación.
Aunque el tribunal no ve en ello causa de nulidad, llama la
atención en que la empresa inició en el mes de julio el proceso de
licitación de la cobertura de asesoramiento jurídico para tramitar el
ERE pero la primera reunión con los trabajadores fue en septiembre.
Las causas alegadas por la empresa son por motivos "organizativos y
productivos", pero el tribunal señala que estas razones "no existen en
el marco del sector público" y "las únicas válidas serían las
organizativas". Además, "difícilmente podrían alegarse razones
deficitarias" en el plano económico cuando, según el informe de gestión,
la empresa "contaba con un beneficio relevante" por las encomiendas de
gestión.
La Sala solicitó al la Sindicatura de Comptes el informe del
ejercicio económico de 2011 en el que consta la fiscalización de las
encomiendas que se encargaron a la empresa y que constata la existencia
de un sobrecoste en la Conselleria de 3,8 millones por las encomiendas
gestionadas ese año y que "se podría haber evitado mediante la gestión
de trabajos sin la intermediación de Vaersa", formada por una plantilla
de 1.441 trabajadores.
Durante el proceso de negociación del ERE, en un primer lugar, un
informe jurídico aconsejó la extinción de 439 contratos motivado por un
"contexto económico negativo" y la necesidad de reducción de déficit
público. Esta cifra se fue rebajando, primero a 402 y luego a 394. En
total se produjeron 10 reuniones que finalizaron "sin acuerdo" y la Sala
considera que "no hubo auténtica voluntad negociadora" por parte de la
empresa.
Finalmente, con motivo de la necesidad de ejecutar varias
encomiendas o la prórroga de otras, se procedió a la desafección de un
total de 116 trabajadores y se quedó el ERE en 278 empleados afectados.
La empresa comenzó a comunicar de forma individual y nominativa la
extinción de los contratos a partir del 28 de diciembre de 2012,
firmados por el director general de Vaersa, Enrique Simó.
En este sentido, los sindicatos reclamaron la nulidad de pleno
derecho del ERE porque quien la función de firmar esas comunicaciones,
el director general de Vaersa, no estaba previsto en los estatutos de la
empresa. El tribunal, que consideró que esto no era motivo suficiente
para declarar nulo el ERE, apunta que "hubiera sido aconsejable la
regularización" de este asunto.
El tribunal alega que la documentación que la empresa debió
aportar "se aleja de la suministrada" y "no figura en la aportación por
parte de la empresa ningún informe técnico sobre la concurrencia de las
causas organizativas alegadas", ni tampoco "medidas sociales tendentes a
minimizar los despidos o atenuar sus consecuencias". la empresa "se
limitó genéricamente a señalar" que iba a contratar los servicios de una
empresa de recolocación.
Asimismo, la documentación inicial que justificaba el ERE dejó de
"tener fiabilidad y soporte" para apoyar la reducción posterior del
número de trabajadores afectados y también en lo que se refiere a la
desafección de 116 empleados incluidos en el listado definitivo. En
opinión de la Sala, se dejó "sin sustento, ni contenido desde el
principio a fin toda la documentación en la que se basaba la decisión
inicial y la correlativa conexión entre la carga de trabajo y las
necesarias plazas a extinguir".
Finalmente, la Sala considera que, durante el periodo de consultas,
hay "evidente mala fe" por la "falta de negociación real ante la no
afectación posterior de 116 trabajadores por encomiendas de las que la
empresa tenía pleno y cabal conocimiento". Además, señala que la empresa
"no llevó a cabo en la postura final, ni tuvo en consideración ninguna
medida alternativa aplicable a la plantilla", tales como recolocaciones o
acciones de reciclaje formativo.
Por otro lado, el sindicato UGT, en un comunicado, asegura que
además estimar nulo el ERE, "se declara la readmisión de todos los
trabajadores". En este sentido, advierte de que "solicitará la ejecución
inmediata de la sentencia aun cuando la empresa recurra al Tribunal
Supremo en casación".
De esta manera, UGT ha mostrado una "gran satisfacción" ante el
fallo del TSJCV y entiende que las "arbitrariedades en las relaciones
laborales en el sector público no van a ser refrendadas por los
tribunales valencianos, lo que debe obligar a la Administración a
reflexionar, a negociar y a actuar de buena fe, asumiendo sus
responsabilidades de gestión pública".
Por todo ello, el sindicato reclama la "dimisión inmediata" de la
Consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente Isabel Bonig, así como
del director general de Vaersa, Enrique Simó.
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