Hace ya bastantes años que la Deuda Pública viene creciendo sin cesar
y el año 2015 no ha sido una excepción, aunque esta vez cabe una
matización importante. La relación entre el volumen del endeudamiento y
el tamaño de la economía (PIB) se ha moderado debido a que por primera
vez desde hace tiempo la economía ha crecido más que el endeudamiento.
Con ello, la deuda se queda para el conjunto de las Administraciones
Públicas en el 99% del PIB, una proporción excesiva pero que, al menos,
no crece. La Unión Europea sentó algunos principios fundacionales en
relación a este asunto, al indicar que el objetivo de todos los países
miembros debería orientarse a no superar el 60% del PIB.
Como se ve, estamos muy lejos de ese objetivo ya que el país sigue
viviendo bastante por encima de sus posibilidades. En la UE tampoco hay
virtuosos de la deuda, aunque en el caso de España, el hecho de que el
peso de la deuda se haya multiplicado por tres de unos años a esta parte
nos convierte en enfermos crónicos y con adicción severa al dinero
prestado. Ahora, con la economía española creciendo en el entorno al 3%
(2,7% se prevé con un poco de suerte para este año), parece que ha
llegado el momento de la moderación, de no ser porque en el sector
público español existen algunos riesgos de los que difícilmente vamos a
escapar.
De esos riesgos, hay dos de especial vigencia.
Uno es el inestable
momento político en el que vivimos, que no es el entorno más favorable
ni para que la economía acelere su crecimiento ni para frenar la
incontinencia en el gasto público. Los mecanismos de control son
víctimas, como suele ser habitual en estos casos, de la falta de
responsabilidad colectiva que se suele instalar en los países con
Gobiernos débiles o con ausencia de Gobiernos, como es nuestro caso
ahora y previsiblemente en los próximos meses.
El otro riesgo es el derivado de la fuerte descentralización de las
decisiones de gasto, que en España tiene un claro exponente en la
estructura del Estado autonómico. El Gobierno saliente debería haber
ordenado un poco la financiación autonómica porque así se lo había
señalado el Congreso. Pero la legislatura ha pasado y se perdió una
buena oportunidad para poner orden en las finanzas públicas y, sobre
todo, en las finanzas autonómicas.
El sucedáneo compensatorio que se ha
articulado en torno al FLA, el fondo de liquidez puesto en marcha para
resolver las urgencias monetarias de las Autonomías a falta de un
sistema consolidado y riguroso, ha servido para salir del paso y para
evitar la quiebra de algún ente autonómico, pero tiene todo el aspecto
de haber generado una maraña de problemas de muy difícil solución, entre
las cuales la desigualdad de trato entre Autonomías es posiblemente una
de las más graves por su hipoteca para el futuro de un buen sistema de
financiación regional, equilibrado, justo en el reparto y sobre todo
suficiente en ingresos.
El funcionamiento del sistema ha dejado además
un reguero de problemas para los inversores internacionales, que
observan atónitos un panorama seriamente deteriorado, en el que son
minoría las Autonomías que se libran del “bono basura” como calificación
de las agencias de riesgo, lo que comprometerá su capacidad futura de
financiación si no es con el aval del Estado, es decir, con un elevado
grado de dependencia respecto al Gobierno.
Los síntomas del deficiente sistema de financiación pública
autonómica se han dejado ver en el balance del pasado año, que se acaba
de conocer, en el cual ninguna entidad autonómica ha logrado rebajar su
deuda y algunas la han elevado muy por encima de lo razonable. La deuda
de Valencia, por ejemplo, supera el 41% de su PIB, la de Cataluña el 35,
la de Andalucía el 22% y la de Madrid menos del 14%. Tales
discrepancias tenderán a generar agravios en el futuro y comprometerán
la eficacia del gasto público.
El nuevo Gobierno tiene por delante una
pesada herencia en la articulación de un sistema de financiación global
del sector público español más acorde con las necesidades del país y de
la economía. De momento, esta insuficiencia es menos aparente debido a
la anómala situación financiera internacional, con los tipos de interés
cas a cero e incluso en negativo. Pero un cambio de viento en la escena
financiera mundial podría ser sumamente peligroso para la estabilidad
del país.
(*) Periodista y economista
No hay comentarios:
Publicar un comentario