La Fiscalía apoya al PP: Antifraude debe entregar sus expedientes sobre los socios del hermano de Ximo Puig

VALENCIA.- La Agencia Antifraude no puede alegar «confidencialidad» para negar al Partido Popular los expedientes de su investigación a las empresas Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL, ambas administradas por los hermanos Adell Bover y que forman parte de un entramado de presunto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano en la que está investigado el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recuerda El Mundo.

Tanto Kriol como Canal Maestrat han sido ya sancionadas por la Conselleria de Educación, que les ha reclamado 200.000 euros en ayudas no justificadas. Esa resolución fue remitida a la Agencia Antiffraude y a la Fiscalía e incorporada a la investigación que, tras una querella del Partido Popular, se sigue sobre posibles irregularidades en las ayudas recibidas por Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, ambas administradas por Francis Puig, hermano del jefe del Consell y empresario de la comunicación con mucha trayectoria e implantación en la comarca de ElsPorts y, concretamente, en Morella, pueblo del que fue alcalde muchos años Ximo Puig.

Ambos grupos empresariales, el que dirigen los Adell y el que gestiona Francis Puig están íntimamente relacionados por cuanto existe abundante documentación que entregada a la Fiscalía por una testigo que revela una intensísima y habitual relación comercial entre las citadas empresas. 

Según la testigo, casi una década antes de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia, los hermanos Adell ya tenían una estrecha relación personal y empresarial con Francis Puig que, es, según la declarante, «quien mueve todo el tema de las subvenciones». Y en actos a los que asistió «ya se oía que cuando Ximo Puig ganase las elecciones se iban a forrar», según denunció ella misma en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según esta testigo y la querella presentada por el PP ambos grupos estarían relacionados contablemente. Las subvenciones recibidas por las empresas de Francis Puig alcanzarían los 850.000 euros del Gobierno valenciano y más de 600.000 del catalán. Además, la documentación revela que se habría presentado documentos y facturas idénticos para concurrir a los programas de ayudas de distintas administraciones.

Mientras la investigación prosigue en los juzgados -se tuvo que aplazar la declaración como imputados del propio Francis Puig y del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano-, el PP trató de conseguir la resolución de la Agencia Antifraude sobre la adjudicación de ayudas a Kriol y Canal Maestrat, cuyas irregularidades ya han sido acreditadas.

Por ello, se dirigieron formalmente a la Agencia Antrifraude para solicitar los expedientes, pero se les denegaron por supuesta «confidencialidad». Sin embargo, la vicesecretaria general del PP, Eva Ortiz, recurrió ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior alegando que se quebraba el artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho de participación ciudadana en asuntos públicos. Y, por el momento, cuenta con el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, que considera que el PP está ejerciendo su labor y su «status parlamentario».