lunes, 24 de febrero de 2020

España dispara la cifra de funcionarios: 42.000 más en un año, 327.000 desde 2014

ZARAGOZA.- España tiene cada vez más funcionarios, en el sentido más extenso del término -el de empleado público-, aunque bajo esa denominación genérica se incluye un abanico que va desde el funcionario de carrera propiamente dicho, al personal laboral fijo o temporal, pasando por el funcionario interino y los que trabajan en el entramado paralelo compuesto por fundaciones, consorcios, empresas públicas y entes que dependen de las administraciones central, autonómica o local, según Abc. 

Entre 2010 y 2013, el sector público se tuvo que poner a dieta para aliviar su pesado gasto estructural, pero todo lo que perdió lo ha vuelto a ganar. Y la tendencia suma y sigue, ajena a la ralentización que sufre la economía.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), España terminó 2019 con un total de 3.253.300 empleados públicos. Son 42.300 más de los que había al acabar 2018; y 327.000 más que a finales de 2014, que fue el año en el que volvió a crecer con fuerza el número de asalariados en el sector público.
El grueso de ese aumento corresponde a las autonomías. Lo han hecho, además, con un masivo desembarco de interinos, no de funcionarios de carrera con plaza en propiedad tras la preceptiva oposición. Según la EPA, en el último quinquenio el sector público español ha incorporado otros 302.000 interinos, frente a 23.900 asalariados fijos.
El dato en sí mismo es relevante porque en la Administración -por las condiciones que han de regir tanto para el acceso de la función pública como para la aprobación de las plantillas- los contratos interinos deberían ser excepción. Desde hace años, sin embargo, son la norma.
Ahora bien, en este caso hablar de Administración, sin más, resulta injusto. Porque no todas las administraciones han incurrido en aumento de plantillas en estos años. Las responsables casi exclusivas han sido las autonomías.
La EPA calcula que, desde 2014, los gobiernos regionales han engordado sus plantillas, en su conjunto, con 261.900 empleados públicos más; 61.600 han sumado las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares-; las empresas y entes públicos han aumentado 14.400 efectivos; y, sin embargo, la Administración Central ha perdido 5.300 empleados, y la plantilla de la Seguridad Social ha prescindido de 5.100 funcionarios.

En una perspectiva temporal más amplia, el contraste es enorme entre cómo ha evolucionado el empleo público en España y cómo lo ha hecho el privado.
El análisis de los datos de la EPA deja un dato especialmente revelador al respecto: el sector privado tiene 532.000 asalariados menos que en 2007, justo antes de la crisis; el sector público, sin embargo, tiene 284.000 más que entonces.
Dicho de otra forma: mientras la empresa privada española está todavía muy lejos de recuperar las cifras de empleo que presentaba antes de la recesión, en la Administración el número de efectivos ha ido a más, y con holgura.
Esto tiene una consecuencia directa en términos económicos: el coste que lleva aparejada la expansión del número de asalariados en el sector público, unido al efecto de los incrementos de sueldo que se han ido produciendo en los últimos años. Y todo esto cuando el déficit sigue constituyendo un serio problema en las cuentas españolas, lo que a su vez se traduce en la creciente deuda pública que arrastra el país.

El profesor Juan Velarde, economista y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, advierte de esos efectos negativos que tiene la continua ampliación de plantillas en el sector público español.
De hecho -explica- es algo sobre lo que ya alertó hace unos años un informe del Banco Mundial, «que estudió el caso español junto al de otros países y que llamó la atención sobre el intervencionismo administrativo que se da en España», derivado de una multiplicidad de niveles administrativos, cada uno de ellos dotado de gruesos cuerpos burocráticos.
«Ese creciente poder administrativo dispara la burocracia, lo que frena la actividad económica de una manera extraordinaria y, además, rompe la unidad de mercado, porque resulta que la normativa que en una cierta materia se aplica en una comunidad es diferente que la que rige en otra, y distinta de la que existe en una tercera... Es un hecho preocupante».



La organización burocrática de un país -destaca el profesor Velarde- incide directamente en la mayor o menor facilidad con la que se encuentran los emprendedores para invertir, hacer negocios, crear empresas y empleo. Es algo que analiza periódicamente el Banco Mundial en su informe «Doing Business», con el que elabora un ranking de países, ordenados de mayor a menor según que lo pongan más o menos fácil para hacer negocios. 
En el último ranking, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca lideran la lista, mientras que España está relegada al puesto número 30, por detrás de países como Kazajistán o Macedonia, en un nivel similar al de Japón, China, Francia y Turquía, y no muy lejos de Azerbayán.
En definitiva, que engordar la burocracia no solo sale caro por el creciente volumen de dinero que se tiene que dedicar a pagar el sueldo de los empleados públicos, sino que es un riesgo potencial para el emprendimiento -indica el profesor Velarde-, porque una burocracia creciente suele ir acompañada de mayores escollos administrativos para el emprendimiento. Y a eso hay que sumar un tercer factor: lo difícil que resulta adelgazar plantillas en el sector público .
España es un buen ejemplo de lo sencillo que resulta agrandar la lista de empleados públicos, pero lo resistente que es la administración a la hora de adelgazar su estructura. En 2008, cuando estalló la crisis, el sector privado se apresuró a recortar plantillas. En solo un año, en 2008, las empresas prescindieron de casi 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ese mismo año el sector público siguió engordando, igual que al año siguiente, y también en 2010.
No fue hasta 2011 cuando la Administración asumió que no podía con tanto gasto estructural. Pero para llegar a esa conclusión y ponerla en práctica necesitó casi tres años de crisis y que las cuentas públicas llegaran al borde del precipicio. Solo entonces puso a dieta los gastos de personal.
Pero esa austeridad no duró mucho: en cuanto la economía empezó a dar un respiro, las administraciones autonómicas se apresuraron a engordar otra vez sus estructuras, lo que ha provocado la escalada de efectivos que ha registrado el conjunto del sector público español en estos últimos años.
En estos momentos hay en España unos 3,25 millones de trabajadores a sueldo de la Administración. De ellos, 537.200 están a nómina de la Administración central, 25.900 de la Seguridad Social, los gobiernos autonómicos tienen 1,85 millones de asalariados, 664.700 trabajan para las entidades locales, 161.500 son empleados de empresas públicas y 10.900 están a sueldo de otros organismos y entes públicos.







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