VALENCIA.- PSPV, Compromís y Unides Podem han llegado a un acuerdo respecto a
algunas de las enmiendas que han registrado por separado al proyecto de
Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, tras una negociación que han
enmarcado en la "normalidad legislativa" y que tiene como fin lograr una
norma "de máximos" que sea "modelo" para el Estado. Han subrayado que
hay un "absoluto acuerdo" en los ejes fundamentales y que el Botànic
está "a prueba de bombas".
Así lo han asegurado en una rueda de prensa conjunta en Les Corts
ofrecida por los ponentes de la ley de PSPV (José Muñoz), Compromís
(Graciela Ferrer) y Unides Podem (Ferran Martínez), que han justificado
el número de enmiendas al texto de la Conselleria de Hacienda ante la
"alarma social" generada por la proliferación de salas de apuestas y
dado que la ley se redactó hace dos años, decayó por la disolución
anticipada del parlamento y se ha mantenido el contenido para no
retrasar su tramitación.
Las enmiendas pactadas, que serán presentadas y votadas en el debate
en comisión como enmiendas de aproximación, se dividen en tres pilares:
prevención, regulación del mercado y publicidad del juego.
Ferran Martínez ha explicado respecto al primero de ellos que
proponen cambiar el nombre de la Ley del Juego, que pasaría a
denominarse Ley del Juego y de Prevención de la Ludopatía en la
Comunitat Valenciana. Tendría, además, un título dedicado a esa
prevención y se incorpora a la comisión de seguimiento para el juego a
representantes de la sociedad civil.
También se contempla una estrategia integral para la prevención del
juego patológico bajo la dirección de Sanidad y con la implicación de
otras consellerias.
En cuanto a la regulación del mercado, Graciela Ferrer ha explicado
que han acordado que la distancia mínima entre locales de juego y bares
que tengan máquinas tragaperras y centros educativos, sanitarios y
recintos deportivos debe ser de 850 metros. En sus enmiendas
individuales, el PSPV planteaba que fuera de 700 metros, mientras que
Compromís y Unides Podem la establecían en 1.000.
Además, proponen la eliminación de máquinas de apuestas en recintos
deportivos y en todos los locales de hostelería y una moratoria de
cuatro años para nuevas autorizaciones tanto de locales como de
explotación de máquinas tragaperras. Las restricciones, y la eliminación
en el caso de las máquinas de apuestas, se efectuarán conforme vayan
acabando las autorizaciones que están ahora mismo en vigor.
En el ámbito publicitario, José Muñoz ha apuntado que han intentado
ser lo más rigurosos posible atendiendo a la seguridad jurídica y el
ámbito competencial. Han acordado la restricción de la publicidad en el
ámbito autonómico y de los operadores de juego que tienen autorización
autonómica, así como la prohibición de toda publicidad estática que
promueva o anuncie lugares de juego.
Plantean prohibir anuncios del juego en los medios públicos
titularidad de la Generalitat e incentivos fiscales para los medios
privados que realicen campañas de prevención y lucha contra la
ludopatía.
Sobre el aumento de fiscalidad sobre el juego para reducir el importe
de los premios como planteaba el PSPV, Muñoz ha explicado que queda
viva por separado para ser debatida y ha defendido que el objetivo es
compatibilizar una actividad que es legal y la seguridad jurídica de los
locales sin que se produzca un juego patológico.
Los tres representantes han subrayado que no ha habido ningún tipo
de problema para llegar a acuerdos. Preguntados sobre si Hacienda ha
instado a ese consenso tras la presentación de enmiendas por separado,
Graciela Ferrer ha señalado que "la esencia de esta casa es negociar y
llegar a acuerdos" y que los tres grupos ya habían planteado enmiendas
en solitario a otras leyes antes. "Entra dentro de la normalidad", ha
dicho, y siguen negociando y trabajando en las enmiendas que permanecen
encima de la mesa.
José Muñoz ha incidido en la "absoluta normalidad" y en la "unidad
del Botànic".
"Que nadie se preocupe, el Botànic está a prueba de
bombas", ha remarcado, para agregar que el objetivo de todas las
enmiendas era "blindar" una ley de máximos sin dejar la concreción al
posterior desarrollo reglamentario, que queda para las cuestiones más
técnicas.
También ha apuntado que se han reunido con responsables de Hacienda
en un ambiente "muy satisfactorio entre las partes" y ha negado que
presentaran enmiendas por separado para colgarse ninguna medalla. La
única sería, ha afirmado, conseguir "una ley útil, que contemple todos
los aspectos, contribuya a solucionar un problema y maque un camino para
la futura ley estatal, que sea un modelo exportable".
Ferran Martínez ha destacado, por su parte, que ante la "epidemia"
de la adicción al juego la Comunitat Valenciana va a ser "la más
avanzada de España".
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