VALENCIA.- La diputada de Compromís y portavoz de
Derechos Humanos en Les Corts, Cristina Rodríguez, ha reclamado este
viernes al Gobierno que estudie la posibilidad de ceder el uso del CIE
de Zapadores de València como espacio sociosanitario, como en otras
ocasiones se ha hecho con otras dotaciones de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, para hacer frente a la Covid-19.
Es el caso, por ejemplo, del antiguo cuartel de Mislata que se
reconvertirá en residencia pública y centro de día para personas mayores
y gestionará la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha
ejemplificado en un comunicado.
"En un tiempo donde ha quedado patente más que nunca la
importancia de la sanidad pública y universal, esta reconversión de uso
ayudaría a mejorar y esponjar unas infraestructuras sociosanitarias que
deben poder responder a una pandemia sin precedentes en nuestro país.
Este equipamiento serviría para responder con más recursos al plan de
reconstrucción post pandemia", ha sugerido Rodríguez al ministro del
Interior Fernando Grande-Marlaska.
Junto con esta reclamación, Rodríguez ha registrado una
proposición no de ley para su debate en Les Corts Valencianes en la que
se insta al Gobierno central a hacer una regularización "sin
condiciones" de todas las personas migrantes que se encontraban de forma
irregular dentro del Estado español con fecha 14 de marzo de 2020, día
de entrada en vigor del Real decreto del estado de alarma.
En este sentido, Rodríguez recuerda que "no sería la primera vez
que el Gobierno de España haría una regularización como ésta, existiendo
precedentes con Ejecutivos de diferentes signo político en las últimas
dos décadas pasadas, y una pandemia global es motivo más que suficiente
para hacerla ahora, sin más dilación".
La propuesta de Compromís urge también a revocar todas las órdenes
de expulsión en vigor, "por razones humanitarias y por responsabilidad
con la preservación de la salud pública hacia países terceros".
También insta a renovar de manera automática todos los permisos de
residencia y de trabajo pendientes de tramitación y paralizados como
consecuencia del estado de alarma o prorrogar de manera automática todos
los permisos de residencia y trabajo al menos hasta que se cumpla un
año natural de la fecha en que entre en vigor la finalización del estado
de alarma, entre otras medidas para "hacer efectiva la atención
sanitaria universal a todas las personas en riesgo de exclusión, sin
importar su lugar de nacimiento, que viven en España".
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