La responsable de producción agrícola tiene cargos societarios en empresas del sector de las granjas porcinas, así como en el negocio de las plantas fotovoltaicas, según los datos del Registro Mercantil, y figura como directiva de una mercantil que fue sancionada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2020.
La cuestión ha motivado una serie de preguntas parlamentarias del PSPV y Compromís, que han registrado interpelaciones para conocer la situación actual de la alto cargo respecto a las mercantiles.
Las organizaciones Amigos de la Tierra, CERAI, Ecologistes en Acció País Valencià, Justicia Alimentaria, Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterraneo, Per L'Horta, Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Transición Verde han enviado una carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para solicitar la destitución de la directora general.
Además del conflicto de intereses, las entidades destacan que el Grupo Sanchiz, una de las empresas que gestiona, es responsable de numerosas macrogranjas dentro y fuera del territorio valenciano. Las organizaciones denuncian que el nombramiento de esta nueva cargo público “puede traer irregularidades y facilidades en la expansión de la ganadería industrial”.
En concreto, según el comunicado, las organizaciones afirman que el grupo Sanchiz gestiona más de 300.000 cerdos anualmente, “actividad que supone una alta contaminación de acuíferos y tierras de cultivo de la zona”.
Advierten a su vez de que el sector porcino se encuentra en marcado auge en el Estado español “a expensas de la salud de las poblaciones colindantes a estas explotaciones, de los recursos finitos y necesarios para la vida como el agua o el suelo y de las formas de vida tradicionales como la ganadería extensiva y regenerativa”.
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