VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha ratificado en sus informes aportados en la pieza A de Imelsa y ha confirmado que hubo financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
Así se ha manifestado el agente de las diligencias y su equipo en su declaración testifical en el juicio que ha arrancado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el fuera vicealcalde de la ciudad de Valencia Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.
Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.
En su intervención, el instructor de las diligencias hasta 2017 ha explicado que su informe inicial se remonta a 2015 y ha dicho que se pidieron nuevas diligencias tras una conversación en la que la exconcejala María José Alcón le contaba a su hijo y a su hermana una «operativa» de transferencias bancarias a la cuenta del grupo municipal del PP de Valencia que luego eran reintegradas en dinero en efectivo. Se trataba de la parte del 'pitufeo' que ha sido archivada.
A raíz de esa conversación y de un escrito anónimo que recibió la Guardia Civil en el que se describía la misma operativa, se analizaron las cuentas del PP de Valencia.
El agente ha descrito que hallaron dos: una de ellas que contenía ingresos que venían del Ayuntamiento y, otra, para las cuotas de afiliados e ingresos en efectivo. Fue en esta última cuenta en la que se descubrieron 50 ingresos en efectivos por valor de 1.000 euros cada uno: el supuesto 'pitufeo'.
Al analizar las cuentas se percataron, tal y como ha descrito el agente y su compañero, que había terceras empresas que hacían ingresos a las mercantiles que había contratado el PP para hacer las campañas electorales de 2007 y 2011.
En concreto, respecto a la primera campaña, que se firmó con Laterne por 150.000 euros, el instructor ha indicado que el coste real podría haber superado los dos millones de euros, «aunque es difícil de cuantificar», ha afirmado.
Otro agente de la Guardia Civil que siguió la causa desde 2017 ha informado sobre este aspecto que tanto para la campaña de 2007 como para la de 2011 el PP contrató a una empresa por unos importes muy inferiores a los gastos en los que verdaderamente se incurrieron. En 2011 fue con Trasgos.
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