El Tribunal entiende que esas resoluciones administrativas, adoptadas
el 9 y el 12 de febrero, respectivamente, están justificadas y se basan
en informes de la Guardia Civil, que advierten de la «importante
afectación al tráfico rodado» que podrían provocar dichas
manifestaciones, e incluso un posible corte en ambas vías principales,
las cuales soportan una «gran intensidad circulatoria».
En la sentencia, los magistrados señalan que, «lejos de ser una
decisión inmotivada o caprichosa, se sustenta en razones perfectamente
amparadas por la legislación y la jurisprudencia».
«En modo alguno se
priva del ejercicio del derecho constitucional tan repetido, sino que
sencillamente se introduce la alteración del recorrido pretendido por
los promotores, sin merma alguna de la propia razón de ser y fundamento
del ejercicio del derecho de reunión y manifestación», apuntan.
De este modo, el Tribunal desestima los recursos interpuestos por la
entidad convocante, Asaja-Alicante, en el marco de un procedimiento
especial previsto en la jurisdicción Contencioso-Administrativa para la
protección de los derechos de reunión y manifestación. Contra esta
sentencia no cabe recurso alguno.
El acto de protesta y tractorada de este viernes pretendía cortar
simultáneamente las autovías de Murcia y Madrid desde las localidades
alicantinas de San Isidro, Villena y Planes.
No obstante, en una resolución de la Subdelegación del Gobierno, se
acordó modificar el itinerario de la de San Isidro para «evitar el
desarrollo de la manifestación por la autovía A-7», por lo que los
manifestantes deberán circular por la CV-909 hasta el destino.
En cuanto a la tractorada que partirá de Villena, la Subdelegación ha
modificado el itinerario, de forma que deberán discurrir por la vía de
servicio, continuar por la CV-799 dirección Biar, seguir por la CV-807
dirección Cañada CV-81, tomar la vía de servicio paralela a la A-31
dirección Madrid, seguir por la CV-656, tomar la vía de servicio,
continuar por la N-344 y llegar al camino de Fuente la Higuera,
dirección a la A-31, para terminar en el restaurante 'El Rocín'.
Las organizaciones convocantes ya han anunciado que no acatarán el fallo judicial y han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en esta provincia.
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