Mazón irá a los tribunales para recuperar las subvenciones a las empresas del hermano de Ximo Puig

VALENCIA.- El presidente del Gobierno valenciano el popular Carlos Mazón dará orden a la Abogacía de la Generalitat para que recurra la caducidad de los procedimientos judiciales a fin de que los valencianos recuperen los 170.000 euros que el ex consejero de Compromís Vicent Marzà «perdonó a Puig», según ha anunciado el propio Mazón este jueves en las Cortes Valencianas y recoge OKDIARIO.  

Además, Mazón ha anunciado también que dará orden expresa a la Abogacía de la Generalitat, para que se inicie de nuevo el procedimiento de reintegro para exigir que el hermano de Ximo Puig y sus socios «devuelvan el dinero a todos los valencianos de una vez por todas».

Esos 170.000 euros son los cantidades con que las citadas empresas fueron subvencionadas por la Consejería de Educación y que debían devolver a la Generalitat. Pero, según la sentencia citada, cuando la Consejería de Vicent Marzà reclamó el dinero, los plazos para solicitar la devolución habían prescrito.

Mazón ha hecho públicas ambas determinaciones en el transcurso de la sesión de control al presidente de la Generalitat que este jueves ha tenido lugar en las Cortes Valencianas. 

Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig está imputado por un juzgado de Valencia en el caso en que se investiga un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana que Ximo Puig presidía, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con el citado Francis Puig.

El origen de las medidas anunciadas por Carlos Mazón es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) publicada por OKDIARIO este 11 de abril de 2023, que estima los recursos presentados por dos empresas de comunicación audiovisual inmersas en el caso del hermano de Ximo Puig, Canal Maestrat SL y Kriol Producciones SL, contra varias resoluciones de la Generalitat Valenciana, que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones por un importe total que supera los 170.000 euros.

La decisión del TSJCV, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se produjo tras comprobar que el plazo máximo legal de 12 meses que tiene la Administración para resolver y notificar la decisión desde la incoacción del expediente administrativo de reintegro había caducado.

El Gobierno de la Generalitat incoó el procedimiento de reintegro con posterioridad a la fecha en que debía haberlo hecho. Y, por esta circunstancia, el TSJCV entiende que el plazo ha prescrito y las subvenciones no tienen que ser reintegradas a la Consejería de Educación, que en aquel entonces dirigía el citado Vicent Marzà (Compromís).

Frente a esta situación es por lo que Carlos Mazón ha decidido poner en marcha a la Abogacía de la Generalitat Valenciana. Con el objetivo de que la Administración autonómica consiga el reintegro de esos 170.000 euros.

Pero, la intervención del presidente de la Generalitat tiene más lecturas. La principal es que frente al proceder de Ximo Puig en la legislatura anterior, él sí va a activar a la Abogacía de la Generalitat en todos los casos que sea necesario y cuando sea necesario.

De hecho, el propio Carlos Mazón se ha referido a esta cuestión en referencia a los informes de intervención de las sociedades públicas instrumentales de los últimos años, para los que la Generalitat Valenciana ha solicitado una auditoría en profundidad. también al objeto de que, si se detectan indicios de irregularidades, llevarlos ante los juzgados.