VALENCIA.- El Gobierno valenciano ha dado marcha atrás y ha modificado el decreto ley en el que abría la puerta a que un alto cargo pudiera cobrar más que el presidente de la Generalitat, según recoge El Mundo.
Esta medida aparecía en una disposición transitoria con la que se pretendía garantizar que las personas que se incorporan a las tareas de reconstrucción y recuperación no vieran mermadas las retribuciones que venían percibiendo en sus anteriores destinos y coincidió en el tiempo con el nombramiento del teniente general Francisco José Gan Pampols como vicepresidente para la Recuperación Económica y Social.
Por tanto, se entendió como un traje a medida para que pudiera mantener el sueldo que percibe en su situación de jubilación.
El revuelo generado provocó que finalmente el gobierno, y el propio vicepresidente, decidieran no aplicarla, por lo que percibe un sueldo de 84.000 euros que, como se recoge en la modificación del decreto ley aprobada este martes, "en ningún caso, puedan ser superiores, en su conjunto y cómputo anual, a las establecidas en la Ley de Presupuestos para el presidente de la Generalitat, incrementadas en un 15%".
Esta medidas que el Consell justificó como una forma de "atraer talento y capacidad" aparecía en el decreto que recogía las medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público a consecuencia de la dana, que este miércoles debía votarse en las Cortes Valencianas con el riesgo de que no fuera aprobado.
La razón es que Vox, que dio su visto bueno a todo el articulado en lo que afectaba a la movilidad del funcionariado, fue muy crítico con la posibilidad de subir el sueldo a altos cargos que se abría y dejó en el aire su voto para convalidar un decreto que este miércoles tenía que votarse en las Cortes.
De haberlo hecho, con la postura de Vox en contra, Mazón hubiera sufrido su primer revés legislativo.
La derogación, la modificación del decreto y su aprobación en un Diario Oficial bis para que entrara en vigor de manera inmediata evita que tenga que ser convalidado tal cual llegó al parlamento y se inicia una tramitación nueva, como así informó por carta el Consell a las Cortes.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, explicó por qué justificaron antes esa modificación a la que ahora renuncian .
"Hemos defendido incorporar a los mejores y queríamos prevenir que salario no fuera un impedimento en un momento en que el Gobierno tiene que dotarse de talento. Se hizo por si fuese necesario, no siéndolo se da marcha atrás", dijo no sin reconocer que no quieren que siga "habiendo ruido".
"Hemos visto que no ha sido necesario usar este decreto y por eso se vuelve a la situación anterior. El vicepresidente cobra un salario de 84.000 euros, 40.000 euros menos que el comisionado del Gobierno, al que no se le recuerda comparecencia pública", aprovechó para recordar.
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