VALENCIA.- Compromís ha presentado sus alegaciones al nuevo reglamento urbanístico
impulsado por el gobierno municipal del PP y Vox, una regulación que,
según critica, "no solo no consigue frenar la proliferación de
apartamentos turísticos y hoteles, sino que abre la puerta a una nueva
etapa de especulación y expulsión de vecinos y vecinas de los barrios de
Valencia".
Por ello, ha exigido la suspensión definitiva de
las licencias para apartamentos turísticos y su conversión progresiva en
viviendas de uso residencial con el objetivo de que en 2029 Valencia
sea una ciudad libre de apartamentos turísticos.
Así, lo ha
señalado la portavoz de Compromís, Papi Robles, en rueda de prensa, que
ha denunciado que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) "es un cheque en blanco para poner la ciudad al servicio de los
fondos de inversión, no del vecindario".
"Lejos de protegernos,
el gobierno municipal está generando las condiciones perfectas para
consolidar y propiciar la apertura de más apartamentos turísticos y
favorecer todavía más la creación de nuevos hoteles", ha asegurado.
Robles ha recordado que Valencia atraviesa "una grave crisis" de
vivienda ya que "los precios de compra y alquiler son inasumibles para
muchas familias, los jóvenes no pueden emanciparse, y hay una expulsión
real de vecinos hacia el área metropolitana y más allá".
Según
la portavoz, gran parte de este problema tiene una causa "clara": "Se
están retirando miles de viviendas del mercado residencial para
destinarlas a usos turísticos. La vivienda está dejando de ser un
derecho para convertirse en un activo financiero", ha explicado.
Pero "más allá" del problema de la vivienda, Compromís alerta de
otro "riesgo aún poco percibido: "la creación de un mercado restringido
de licencias turísticas".
"Con este nuevo marco normativo, se abre la
puerta a una situación similar a la que tenemos con las farmacias, los
taxis o los estancos ya que las licencias pasarán a tener un gran valor y
se convertirán en objeto de especulación. Es lo último que necesita
Valencia ahora mismo", ha advertido.
Por su parte, el concejal
de Compromís, ha desgranado las alegaciones técnicas que ha presentado
el Grupo Municipal para evitar que "los apartamentos turísticos
conviertan nuestros barrios en parques temáticos", ha afirmado.
Puchades ha defendido que, aunque una parte de estos alojamientos se
encuentre en bajos comerciales, "la situación de emergencia residencial
obliga a recuperar cualquier espacio para usos de vivienda habitual".
Según el análisis de Compromís, 29 barrios de la ciudad ya superan el
2% de viviendas turísticas que el gobierno municipal considera el
límite para declarar una zona saturada.
"Es una regulación que llega
tarde y mal. Lejos de poner orden, legaliza el exceso y crea un nuevo
activo especulativo: la licencia turística", ha remarcado Puchades.
Del mismo modo, la coalición reclama también frenar la apertura de
nuevos hoteles, especialmente en barrios residenciales.
Así, ha recordado que en solo dos años, Catalá ha aprobado 40 nuevas licencias hoteleras, que suponen más de 3.000 plazas adicionales, lo que "confirma que se está apostando por un modelo que pone la ciudad al servicio exclusivo del turismo", ha afirmado Puchades.
Además, ha recordado que
ciudades como Ámsterdam ya han tomado medidas "drásticas" para limitar
este tipo de crecimiento turístico "descontrolado".
Compromís
también ha puesto el foco en los efectos colaterales del modelo
turístico: la pérdida del comercio de barrio, el aumento de la presión
sobre servicios públicos como el transporte, la limpieza o el agua, y la
destrucción del tejido comunitario.
"Cuando hay una rotación
constante de turistas, desaparecen las redes de apoyo, la identidad de
barrio, y la vida cotidiana queda sustituida por negocios enfocados solo
al visitante", ha denunciado Puchades.
Entre las medidas
concretas que Compromís incluye en sus alegaciones, destaca la creación
de una unidad específica de inspección y sanción contra pisos ilegales;
la puesta en marcha de un sistema de revisión continua de las licencias y
su cancelación automática en caso de incumplimiento; o el impulso de un
plan de choque para recuperar el comercio de proximidad y frenar la
sustitución de servicios esenciales por tiendas orientadas al turismo.
"Esta norma es una trampa. El PP y Vox quieren hacer ver que ponen
límites, pero lo que hacen realmente es blindar los intereses de quienes
ven la vivienda como un negocio", ha remarcado Robles .
Por
todo ello, ha defendido que Valencia necesita un giro de 180 grados en
su política urbanística: "No hay ninguna apuesta real por proteger los
barrios, ni por ampliar el parque público de vivienda. Esta ciudad debe
ser un lugar para vivir, no un decorado para los turistas".
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