VALENCIA.- La Cámara de Comercio de Valencia ha cifrado en 133.340 las viviendas
necesarias en esta provincia hasta 2030 para atender la demanda.
Asimismo, ha señalado que la falta de viviendas disponibles implicará
mayor hacinamiento en determinados colectivos, incremento de precios,
éxodo a municipios periféricos, asentamientos informales y mayor
dependencia de ayudas para comprar o alquilar.
La entidad
recoge esas consideraciones en el Informe sobre la vivienda en la
provincia de Valencia, un documento elaborado por el departamento de
Economía de Cámara Valencia "desde la perspectiva de la oferta y la
demanda" y por encargo de su Comisión de Proyectos Estratégicos y
Desarrollo.
El estudio, dado a conocer este martes en rueda
de prensa, apunta que la demanda de viviendas se podría incrementar
hasta las 228.165 en 2030 y expone que con el ritmo de construcción
actual solo se podrá atender aproximadamente el 30 por ciento de las que
viviendas que se reclaman.
En la presentación han participado
el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata; el responsable
del estudio, Amadeo Aznar; y los integrantes de la citada comisión: Juan
Cámara, Alejandro Escribano, José María Tomás y Juan Manuel Real.
"La
situación actual exige decisiones valientes, coordinación entre
administraciones y un nuevo marco público-privado", ha dicho Morata.
El informe expone que el precio de la vivienda ha subido de manera
que "limita el derecho fundamental de acceso" a ella, al tiempo que
afirma que detrás de ese aumento hay "factores de oferta y de demanda".
Entre los que limitan la oferta de vivienda enumera el incremento del
coste de los materiales y de la mano de obra, la disponibilidad y el
precio del suelo urbano, el endurecimiento de la normativa y la
"lentitud burocrática" y el consiguiente "estancamiento de la
construcción".
Respecto a esto último, el trabajo indica que
"la caída de la construcción ha dado lugar a que el stock de vivienda
nueva siga una tendencia a la baja" que no permite su reposición. De
este modo, añade que "el descenso continuado del stock" provoca "la
presión al alza de precios". A esto suma la reducción de la vivienda
protegida.
Entre los factores que limitan el acceso a la
vivienda, el informe cita su precio, el aumento de la población
--destaca el crecimiento de la población extranjera-- y del turismo, una
mayor esperanza de vida y el cambio en la estructura de los hogares.
A partir de ese trabajo, Cámara Valencia plantea, como cuatro
pilares, propuestas encaminadas a "paliar" en esta provincia "la crisis
de la vivienda", "un problema global que traspasa fronteras",
"convertido en la principal preocupación de los españoles", y que
"requiere medidas locales" que estén "adaptadas a cada territorio".
Así, aboga por generar suelo, equilibrar normas, revisar la política
tributaria y abordar el desarrollo residencial con visión metropolitana.
Juan Cámara ha señalado, respecto a las viviendas turísticas que podrán
dejar de tener esa consideración y pasar al mercado como residenciales,
que eso es "un sumando más" ante la necesidad de inmuebles, "pero no la
solución".
Ha dicho que "está más en la creación de la materia prima,
el suelo".
La Cámara considera que "abordar la crisis de
vivienda en la provincia de Valencia pasa por promover actuaciones
coordinadas en sus ciudades, especialmente, en las del área
metropolitana", además de precisar que por su "complejidad" esas
iniciativas "implican alianzas público-privadas y superar obstáculos
económicos y sociales".
Por lo que respecta al incremento del
suelo disponible para vivienda, la Cámara de Comercio asegura que es
"una medida necesaria y de carácter urgente", por lo que estima
"fundamental acelerar los procesos de urbanización mediante la
simplificación procedimental".
El informe indica que estos "pueden
prolongarse hasta quince años".
"Sin política de suelo no puede haber política de vivienda. El suelo
es la clave de todo", ha apuntado Escribano, que ha apostado por contar
con suelo que las administraciones pongan a disposición del sector
privado para hacer vivienda pero con "precios topados" para que estén
controlados tanto en compra como en alquiler.
"Ahí no puede operar el
mercado", ha considerado.
Sobre el marco normativo, el
estudio señala que "actualmente, el elevado desarrollo" en este ámbito
--con normas, "más exigentes y complejas", que pueden ser europeas,
nacionales, autonómicas y/o locales y para diferentes ámbitos-- está
provocando la ralentización de la construcción". Cámara Valencia sugiere
"equilibrar los estándares normativos para lograr mayor agilidad en los
procesos y contener costes sin renunciar a la seguridad y los derechos
de los compradores".
En cuanto a los impuestos, asegura que
la construcción "está sometida a una carga fiscal relevante" con
impuestos que afectan al desarrollo del suelo, a la edificación, a la
compra, la herencia, la venta o la donación. La Cámara de Comercio aboga
por "una política tributaria que contribuya a la contención del precio
de la vivienda".
En esta línea, invita a "contemplar la eliminación del
IVA por la compra de primera vivienda, recuperar la deducción de la
inversión en vivienda habitual en el IRPF y ampliar las deducciones por
alquiler".
Por lo que respecta al visión metropolitana que
defiende, la entidad asegura que "parte de la solución al problema de la
vivienda que existe en la provincia" de Valencia pasa por "el
desarrollo residencial" en las localidades de su alrededor.
No obstante,
subraya que para ello es necesario garantizar un transporte y una
comunicación acorde con las nuevas áreas de expansión y también
servicios de proximidad para la población que se asiente en ellas.
Escribano ha asegurado que el crecimiento de la ciudad de Valencia es
"prácticamente imposible o muy limitado", teniendo en cuenta espacios
como la huerta protegida o l'Albufera, y ha afirmado que la expansión
"debe venir de desarrollos metropolitanos" que han de concentrarse
"donde es posible ocupar nuevos suelos" --hacia la CV-35 y Torrent
principalmente, ha dicho--. Asimismo, ha subrayado la necesidad de
dotarlos de infraestructuras de transporte que no limiten la movilidad.
Este experto ha abogado por densidades de población "del orden de 120
a 140 viviendas por hectáreas que con ocupaciones de suelo de alrededor
de 200 hectáreas podrían permitir la construcción de unas 20.000 o
25.000 viviendas en el área metropolitana sin ningún problema" y ha
descartado "hacer desarrollos con densidades de 15 viviendas por
hectáreas".
"Eso es insostenible, es un error monumental", ha apostillado.
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